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Indicó que el artículo 153 de la Constitución establece que los únicos que pierden la ciudadanía, entre otros, son precisamente aquellos recluidos con condena. “Eso nos da la pauta de que, de las 13.000 personas más o menos que están hoy en los centros de reclusión, solo 3.000 tienen condena y 10.000 no; es decir, 10.000 hoy no están votando”, y el proyecto señalado les daría la posibilidad de ejercer ese derecho desde la cárcel.
Apuntó que se trata de un derecho humano elemental, de lo cual ya se percataron organizaciones internacionales, como la OEA y la ONU, que habían recomendado en las últimas elecciones generales de 2013 que se les permita votar a los presos sin condena. Giuzzio puso como ejemplo la posibilidad de que a una persona con liderazgo político sus adversarios “le armen” un proceso judicial para evitar que se candidate, logran que se le decrete prisión, con lo cual lo privan de sus derechos.
El plan establece que cualquier persona privada de libertad pueda votar dentro de la prisión en que se encuentra y que se compute su voto en el lugar donde le corresponde, es decir, donde está inscripta, en caso de que, por ejemplo, haya sido trasladada a otro centro de reclusión.