Derriban un símbolo de la corrupción política del país

Los edificios del fallido complejo habitacional para trabajadores que fue iniciado y no concluido a causa de la corrupción que involucró a políticos y dirigentes sindicales, empezaron a ser demolidos porque se harán nuevas construcciones, según la estatal Senavitat.

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El derribo de lo que debía ser un conjunto de departamentos a ser vendidos a precios accesibles a asalariados es efectuado por la empresa “Edifica Constructora SA”, contratada por Itaipú Binacional para el efecto por 3.125 millones de guaraníes.

La demolición de esas estructuras se debe a que, como fueron erguidas en la década de 1990 y quedaron inconclusas sin ningún cuidado, los refuerzos y saneamiento de las mismas demandarán muchos recursos, según la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), y decidió entonces encarar un nuevo plan para la construcción de 500 departamentos nuevos para la clase media, según había informado.

Las tareas para echar las torres de apartamentos se iniciaron en la parte frontal del predio que queda hacia la Ruta Transchaco, frente a la sede de la Expo de Mariano Roque Alonso.

El predio de 17 hectáreas y los edificios no terminados habían sido comprados del IPS por Senavitat en el año 2015, por G. 35.000 millones. De este monto, casi G. 25.000 millones es el que corresponde por la compra del terreno y los restantes alrededor de G. 9.000 millones a las edificaciones, que en un principio iban a ser acondicionadas y concluidas, pero después se cambió de opinión para derribarlas y dar lugar al diseño del nuevo plan habitacional.

El director general de Gabinete de la Senavitat, Ing. Amílcar Guillén, había explicado en abril último que la idea es que en más del 90% del nuevo complejo de viviendas se desarrolle un proyecto con la participación del sector privado, que la citada institución estatal no está en condiciones de realizar.

Mencionó que el emprendimiento consiste en que Senavitat compra la propiedad y genera los servicios para que el sector privado desarrolle un proyecto de casas dirigido a un segmento de familias de ingresos medios y con ciertos requisitos.

Referentes del sector privado criticaron la decisión de Senavitat de comprar bloques de edificios por unos G. 9.000 millones que luego decidió demoler. Pudo haber comprado un terreno sin construcción alguna y el precio hubiera sido mucho menor, dicen otros.

No obstante, mediante esa compra el IPS recuperó parte del dinero que tenía en el entonces Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Luego de quebrar esta entidad a causa de su manejo corrupto, el IPS fue adjudicado con dicho inmueble de Mariano Roque Alonso en compensación por el dinero que perdió en aquella institución financiera estatal. Ahora, aparentemente la pérdida que pueda generarse es para el Estado, que realizó a través de Senavitat la adquisición del inconcluso complejo.

Corrupción política 

La construcción del “Complejo Habitacional” de Mariano Roque Alonso, caracterizada por las coimas y sobrefacturaciones, había comenzado durante el gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy (ANR - 1993/1998). 

Uno de los responsables del fraude que significó la edificación del grupo habitacional fallido fue el “empresario” correntino Roque José Carmona, y su principal cómplice fue el político colorado y entonces presidente del BNT, Édgar Cataldi Casal Ribeiro (ya fallecido), así como dirigentes sindicales y otros políticos que participaron en la gestión y aprobación del proyecto fraudulento.

Algunos de los colusionados fueron encarcelados por un tiempo, otros quedaron impunes.

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