/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/3FUG7JBCYJHJ3FZ2UP4EOJVNOI.jpg)
Cargando...
La imputación al parlamentario colorado y a su esposa Lorena Plabst pasa así a un cuarto juez. La acusación de la Fiscalía sostiene que Ibáñez inscribió como falsos funcionarios del Congreso a sus empleados domésticos y retenía parte del salario que percibían.
La causa primero estuvo a cargo del juzgado de Rubén Darío Riquelme, quien admitió la imputación del Ministerio Público y remitió a la Cámara Baja el pedido de desafuero del legislador.
Posteriormente, Riquelme se inhibió del caso cuando la defensa de la esposa de Ibáñez incluyó en su nómina a un amigo del magistrado, el abogado Cristóbal Hermosilla.
Durante la feria judicial, el caso fue interinado por el juez Hugo Sosa Pasmor, quien impuso medidas sustitutivas y fianzas de G. 50 millones a los cómplices.
Finalmente, el expediente fue derivado al juzgado de Miguel Tadeo Fernández. A finales de la semana pasada, el magistrado impugnó la inhibición de su colega Rubén Darío Riquelme.
Fernández argumentó que Riquelme, quien tendría vínculos masones con Ibáñez, no ha arrimado ningún elemento que respalde el extremo de amistad con el abogado Hermosilla.
Según los datos, Tadeo Fernández también es un “hermano” masón, por lo que ambos magistrados se están pasando la pelota de un juzgado a otro.
Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si confirma a Fernández como juez de la causa o devuelve el expediente a Riquelme para que siga tramitando el proceso.
Desafuero pendiente
Paralelamente, el pedido de desafuero contra el parlamentario recién será estudiado en el Congreso en marzo al término del receso parlamentario.
El proceso al legislador colorado involucra como cómplices a la esposa, su jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez, y a Favio Gómez Chamorro, Viviana y Éver Isaac Falcón, quienes trabajan en la quinta del legislador en Areguá.
La Fiscalía también investiga la vinculación del legislador colorado en un caso de enriquecimiento ilícito con tierras estatales. El parlamentario tendría un testaferro, Marcial Speranza Jara, quien fue adjudicado con 3.999 hectáreas en el Chaco por parte del Indert.
Se quedaba con los salarios
El diputado José María Ibáñez (ANR) afronta cargos por estafa, falsificación de documento y cobro indebido. La fiscalía estableció, a través de peritos y testigos, que los empleados de su quinta en Areguá no trabajaron en la Cámara de Diputados tal como estaba asentado en planilla. Además, se tomó en cuenta que cheques de dos de sus trabajadores fueron depositados en su cuenta.
Tras las primeras denuncias, Ibáñez quiso desviar la investigación llevando a sus caseros al Congreso y mostrarlos como funcionarios. El caso es investigado por los fiscales Victoria Acuña, Liliana Alcaraz y José dos Santos.