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Algunos escribanos conformaron de manera independiente un estudio denominado “Arandu Rã”, con el objetivo de profundizar los alcances del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare).
Los integrantes, algunos de ellos del Consejo del Colegio de Escribanos, concluyeron que la propuesta que se encuentra en la Cámara de Diputados es inconstitucional porque establece atribuciones al ente que no corresponden.
Como ejemplo, indicaron que la Dinacare fusionará a dos instituciones, que son: el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección Nacional de Registros, lo que a su vez creará una dirección de regularizaciones que tendrá atribuciones de los tres poderes del Estado.
Ante una eventual aprobación del proyecto, unir estos dos organismos significará una paralización de tres meses o más de los servicios prestados y el alto riesgo de extravío de documentos.
Otro punto criticado es que el organismo será dependiente del Poder Ejecutivo, el cual estará facultado en tomar decisiones, pero que las tasas percibidas serán destinadas al Poder Judicial, ente que no tendrá poder de decisión alguno.
Lamentan además que la creación de una nueva dirección significará un gasto de US$ 100 millones al Estado, dinero que debe ser destinado a la capacitación de personal que pueda llevar adelante numerosas funciones.
Un punto que molesta a los escribanos es que la Dinacare tendría facultades disciplinarias sobre los mismos, es decir, los escribanos ya no serán controlados solo por el Poder Judicial, al cual se deben por ser auxiliares de justicia, sino que también estarán subordinados a la decisión particular de quien fuese nombrado encargado de la citada dirección.
En este punto, coincidieron con las expresiones señaladas por la senadora Desirée Masi (PDP), quien en una publicación del 14 de mayo de este año cuestionó la creación de una “súper institución” y que “hasta casi tiene nombre y apellido del futuro director, que es como él mismo se define, amigo personal o persona de confianza del presidente Cartes, y es el escribano –José María– Livieres”, dijo la senadora.
Finalmente, aseguraron que algunas disposiciones encarecerán los servicios prestados por los profesionales y que terminarán pagando la población.
Los escribanos que expresaron su disconformidad fueron: María Gloria Ruiz Matiauda, Marta Brun Zuccolillo de Pérez, Ignacio Alejandro Ávila Arce, Blanca Núñez, Lidia Velastiquí y Leticia Lima.
En Diputados
Hoy, a las 10:00, los escribanos tienen previsto reunirse con algunos diputados para entregarles la nota pidiendo el rechazo del proyecto de ley de Dinacare.
Aseguraron además que existe una orden del Presidente de la República de aprobar la propuesta a libro cerrado.