Diputados analizan si ratifican esta semana la “ley antinarco”

En la última sesión de la Cámara de Diputados tenía que tratarse este proyecto de ley, pero se aplazó para esta semana, a la espera de un informe de los miembros de la comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que se reunirán con expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según indicó el diputado colorado Eber Ovelar, los técnicos expondrán acerca de la experiencia en la aplicación de este tipo de normativas en otros países de la región.

Sostuvo que esta ley será muy importante porque apunta a afectar a los bienes de quienes se dedican al narcotráfico, que es el punto que más les duele.

El Senado había rechazado el proyecto argumentando que viola la presunción de inocencia establecida en la Constitución, al disponer medidas a las personas que simplemente están acusadas por narcotráfico, sin estar todavía condenadas. Sostuvieron además que designar un administrador de los bienes de las personas sospechadas de narcotráfico mientras se lleva adelante el juicio, sería una confiscación, figura prohibida en la Carta Magna. Pero Ovelar dijo que se respeta estrictamente la Constitución y que la intervención sobre los bienes de estas personas evita que las mismas sean comercializadas o utilizadas de alguna manera y que sigan produciendo beneficios a sus propietarios.

El proyecto de ley debe ser tratado esta semana en sesión ordinaria porque de otro modo tendría sanción ficta el martes 1 de setiembre, salvo que la Cámara de Diputados convoque a una extraordinaria.

Si esta cámara no se ratifica en su aprobación, se tendrá por rechazado el proyecto de ley.

La iniciativa de esta propuesta legislativa fue impulsada por el Ejecutivo, tras una cumbre de poderes, inmediatamente después del asesinato del periodista del diario ABC Color, Pablo Medina, y su acompañante Antonia Almada, el 16 de octubre de 2014, en Villa Ygatimí.

El presunto autor moral del crimen es el exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco”, Acosta (ANR), actualmente preso en Brasil. Acosta tenía la protección política de la diputada colorada cartista y exgobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba.