El clan Acosta y sus “protectores” ahora apuntan a otro corresponsal

Alberto Núñez trabajó de cerca con nuestro corresponsal, Pablo Medina, época en que trabajaba para otro diario de circulación nacional. Tras el asesinato de Pablo Medina Velázquez (53) pasó a integrar el equipo de corresponsales del diario ABC Color y cumple tareas en Curuguaty y otros distritos de la zona baja del departamento de Canindeyú, como Ypejhú, Villa Ygatimí, Yby Pytã, Itanará, y Yasy Cañy, localidades dominadas por grupos mafiosos.

Según nuestras fuentes, los narcotraficantes y sus protectores están molestos por las publicaciones sobre sus acciones para tratar de dejar impune el asesinato de Medina.

Pablo Medina fue asesinado a tiros alrededor de las 14:20 del caluroso jueves 16 de octubre de 2014. Lo ejecutaron en una emboscada en un camino rural del distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, donde se desempeñó como corresponsal durante 16 años.

Junto a Medina mataron a Antonia Maribel Almada, quien lo acompañaba en ese momento.

Para la fiscalía está comprobado que el autor moral del asesinato de Medina es el exintendente de la ciudad de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques (39), quien está prófugo. También están prófugos los supuestos autores materiales, Wilson Acosta Marques (43, hermano de Vilmar), y Flavio Acosta Riveros (29), sobrino de ambos.

El único detenido es Arnaldo Cabrera López (38), chofer de Vilmar, a quien se lo sindica como cómplice porque su teléfono fue utilizado para monitorear el atentado. En su testimonio brindó detalles sobre la forma como planificaron y ejecutaron la muerte del periodista Medina.

Hubo varios intentos por frustrar la investigación del asesinato de Medina y Almada. Para ello se valieron de la influencia de poderosos políticos, como el caso de la diputada Cristina Villalba (ANR), a quien el mismo periodista asesinado identificó como la “madrina” del clan Acosta y otros grupos mafiosos que operan en esa zona fronteriza de nuestro país.

Otro influyente de la zona es el intendente de La Paloma del Espíritu Santo, Carlos “Cabrito” Villalba (ANR), hermano de la legisladora.

A inicios movieron sus tentáculos para trasladar al juez de Curuguaty, Carlos Martínez, el único magistrado que se animó a dar trámite al expediente del caso Pablo Medina. Además, fue el único que se negó a liberar a los hermanos Cecilio y Fermín Ramoa, además de Eliodoro Ramón Ibáñez y Carlos Marmolejo, que son sindicados como “narcosicarios” al servicio del clan liderado por el capomafioso badeño, Líder Cabral.

También, el clan Villalba y el gobernador Alfonso Noria, supuestamente pretendieron forzar el sobreseimiento definitivo de Pablo Jara González, procesado por narcotráfico y que se desempeña como funcionario del Distrito XIV del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, con sede en el Km 40 de Canindeyú. Cayó con un cargamento de más de 200 kilos de marihuana prensada el 14 de marzo de 2010, operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Salto del Guairá.

Las últimas publicaciones que molestaron a los mafiosos de la zona fronteriza, según nuestras fuentes, fueron las relacionadas con el nombramiento de María Elva Esther Cáceres Aquino, esposa de José Antonio Osmik, recluido en la Cárcel de Coronel Oviedo por tráfico de drogas, como directora del Registro del Automotor de Curuguaty. También de su hermana Alba Raquel Cáceres Aquino como actuaria en el juzgado a cargo de Carlos Martínez.

Según nuestras fuentes, el exdiputado Herminio Dávalos y el diputado Purificación Morel también estarían detrás de los nombramientos, aunque ambos negaron su participación.