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El ministro de la Niñez, Carlos Zárate, dijo que hay compromiso de evitar que se repitan en el futuro.
El Estado, a través de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de “Disculpa Pública y Reconocimiento en el caso Nº 12.359 Cristina Aguayo Ortiz y otros”, en cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El acto fue presidido por el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi y el ministro secretario de la Niñez y Adolescencia, Carlos Zárate.
Cabello Sarubbi dijo que “ningún ciudadano merece ser reprimido o privado de su libertad en su propio país sin haber cometido delito alguno, en este caso, nuestra sensibilidad se agudiza más porque sabemos que las víctimas han sido niños inocentes”.
Por su parte, Zárate aseveró que el Estado paraguayo “tiene la firme decisión de evitar que acciones de esta naturaleza vuelvan a suceder en el futuro, pues no condicen con los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho”.
Las víctimas que recibieron las indemnizaciones fueron: Lorenzo Antonio Gayoso Ruiz Díaz, Jesús Vidal Duarte Gayoso, Abraham Meza, Julio César Martínez, Luz Marina Martínez, Wilson Enrique Aquino Barreto, Liz Paola Ortiz Paredes, Ramón Báez y Haiono Duarte. Quedan para el siguiente período fiscal la indemnización a otras nueve víctimas.
En otro momento, Zárate informó que el promedio de indemnización varía de 4.000 a 12.000 dólares por víctima. Precisó que el total es 150.000 dólares.
Una de las víctimas, Jesús Vidal, de 21 años, explicó que fue sacado de la calle un día que salía de la escuela para llevar la comida a su madre que estaba trabajando, y estuvo internado en diferentes hogares durante 8 años, hasta que cumplió 16.
El caso “Cristina Aguayo Ortiz y otros” fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008. Tiene relación con la institucionalización (arreo arbitrario) de niños y adolescentes que trabajaban o vivían en las calles en el año 2000, ordenado por Mercedes Brítez de Buzó, entonces jueza del Menor. Tiempo después de lo ocurrido se pudo comprobar que estos niños y adolescentes no tuvieron contacto con sus familias durante un prolongado tiempo. La CIDH, que declaró su admisibilidad, pero antes de ser tratado por la Corte Interamericana de DD.HH., el Estado paraguayo y las víctimas suscribieron un acuerdo de solución amistosa el 16 de agosto de 2011.