/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/WYEOQT4WRRCYTPESW3LDRNFKYM.jpg)
Cargando...
La imputación refiere que un comité de evaluación del Ministerio del Interior dictaminó que Proibérica SA cumplía sustancialmente con los requerimientos de bases y condiciones para la venta de helicópteros usados.
Sin embargo, esa empresa no cumplió con requisitos formales como la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes).
Fue así que se firmó un contrato de compra de helicópteros marca Bellnorthwest Rotoracraff de procedencia de los Estados Unidos por un valor de G. 47.890.000.000.
El 2 de diciembre de 2010, durante la administración de Rafael Filizzola, se pagó a la firma Proibérica SA G. 20.713.243.257.
El 14 marzo, el Ministerio del Interior realizó un desembolso de 6.794.189.185 guaraníes.
La imputación sigue explicando que el 12 de octubre de 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola, se pagaron G. 20.382.567.558, con lo que se canceló la operación.
Posteriormente y pese a que en el contrato se establecían las garantías para funcionamiento y operación de los helicópteros, y para el suministro de las partes, refacciones, transferencias de tecnologías y capacitación, se dispuso el llamado a contratación vía excepción para mantenimiento y reparación de los helicópteros.
Esto originó un nuevo pago de G. 1.780.000.000.
“La adjudicación en las condiciones descriptas permitió que la empresa adjudicataria provea al Estado paraguayo helicópteros que no estaban en condiciones de ser utilizados en un período de tiempo razonable”, afirma la imputación.
Sigue diciendo que además, como consecuencia del mal estado de las aeronaves adquiridas, se necesitó realizar reparaciones de mantenimiento y cambios de repuestos.
“En lugar de ejecutar la garantía establecida en la cláusula 67/2010, los imputados llamaron a una contratación por la vía de excepción para la adjudicación de los servicios de mantenimiento y provisión de repuestos para las aeronaves adquiridas”, dice el escrito.
“Dichas operaciones habían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo que asciende a la suma de G. 50.062.368.788”, se afirma en la imputación.
La denuncia fue hecha originalmente por el hoy ministro del Interior, Carmelo Caballero y era contra personas innominadas.
El caso fue asignado a la fiscala Irma Llano, pero al ser nombrada directora de Migraciones, el caso quedó a cargo del fiscal René Fernández. La causa fue reimpulsada por los senadores colorados Julio Velázquez, Rogelio Benítez y Juan Darío Monges, que recusaron a Fernández. Entonce fueron designados los fiscales Claudia Criscioni y Aldo Cantero. Ambos fueron recusados por Rafael Filizzola. Así llegó el caso a Acuña y Cabrera.
Los demás sindicados
También están imputados por la Unidad Anticorrupción la presidenta directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Lic. Andrea Adle; director general de Administración y Finanzas, Lic. Aníbal Muñoz; director jurídico, Abg. Ricardo Lugo; director financiero, Lic. Juan Diego Fernández; director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; director administrativo, Crio. Gral. Insp. Tiburcio Abundio Martínez. Igualmente están sindicados, Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, representantes de Proibérica SA.