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Por lo visto el Gobierno tuvo un claro interés de “adentrarse” como sea en todos los aspectos de la organización de la histórica marcha juvenil que reivindicó el derecho a una mejor educación en el Paraguay.
El Ministerio de Educación, a través de las Coordinaciones Departamentales, había solicitado a varias instituciones públicas, privadas y subvencionadas, la cantidad de docentes y alumnos que participaron de la marcha. El hecho fue calificado por los alumnos como “amedrentamiento para desarticular la organización estudiantil”, que desde sus anuncios ya adelantaba su éxito.
En las redes sociales, la denuncia había estallado y muchos usuarios consideraron un sistema “pyrague” (término usado para referirse a los informantes del dictador Stroessner).