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El informe de Contraloría General sobre recursos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) por parte de la Municipalidad de San Lorenzo dice que Hacienda le transfirió G. 9.549.743.237 y de ese monto fue ejecutada la suma de G. 8.485.582.684.
En un análisis y verificación de comprobantes proveídos por la Comuna, Contraloría observa que se firmaron contratos con proveedores por G. 2.764.530.000, monto que fue totalmente ejecutado para el rubro almuerzo escolar.
El intendente transfirió a asociaciones escolares G. 4.783.259.557, destinadas a construcción, remodelación y refacción de instalaciones de las escuelas del Estado.
Señala que la comisión vecinal “De Fomento Barrio Florida”, recibió del ejecutivo municipal sanlorenzano G. 1.459.908.000; la comisión de padres del Instituto Municipal de Artes (IMA) percibió G. 236.000.000.
Estos casos no contemplan la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”. También incumplen el artículo 20 de la Ley 4758/12, que señala: “Para su concesión y ejecución, todos los programas y proyectos del Fondo estarán sometidos a las normas y procedimientos establecidos en la legislación nacional para las contrataciones públicas”.
Las obras ejecutadas por las Asociaciones de Cooperadora Escolar (ACE) no contaban con la aprobación de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura.
Contraloría recuerda al intendente Albino Ferrer que el ente ejecutor de los proyectos y programas financiados con los recursos del Fonacide es la Municipalidad y no las ACE.
La verificación y el análisis de la documentación e información dadas por la Comuna, se constató que las transferencias alcanzaron a 19 instituciones escolares. Del total transferido, no se pudo visualizar documento alguno que pueda justificar el pago hecho por las ACE.
Albino Ferrer justificó que ante la insistencia de las escuelas y con el afán de ejecutar en forma perentoria los proyectos y ante los trámites largos y burocráticos que dificultaban los procedimientos, acudió a la Junta Municipal y esta autorizó la realización de las obras y la provisión de alimentos.