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La fiscalía tiene que decidir si acepta la propuesta del legislador de admitir el hecho, reparar el daño y hacer donaciones, para evitar quedar con antecedentes.
Ibáñez, su esposa Lorena Plabst y sus caseros, Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Éver Falcón Valenzuela, tienen que presentarse hoy a las 9:00, ante el juzgado a cargo del magistrado Fernández, para la audiencia preliminar.
De la diligencia también tienen que participar los fiscales José dos Santos, Liliana Alcaraz y Victoria Acuña, quienes fueron los que presentaron la acusación.
Los agentes del Ministerio Público habían solicitado juicio oral y público para los procesados, por la comisión de estafa y otros hechos punibles, en perjuicio de la Cámara de Diputados, en donde cobraban los caseros, pero que trabajan en la quinta de Ibáñez en Areguá.
Hay que ver la postura de los fiscales en la audiencia, atendiendo que Ibáñez propuso una suspensión condicional del procedimiento. Para ello, el legislador admitió el hecho, va a devolver a Diputados los G. 30 millones que cobraron sus caseros y realizará una donación de G. 200 millones, cuyo destino será establecido por el magistrado.
La fiscalía puede allanarse a la pretensión del diputado o insistir en que la causa sea elevada a un juicio oral.
La decisión final quedará en manos del juez Fernández. En caso de que los fiscales aprueben la propuesta de Ibáñez, el magistrado puede imprimir trámite de oposición. Es decir, enviar los antecedentes a la Fiscalía General, para que ratifique o rectifique la postura de los agentes inferiores.
Estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios son los cargos presentados por el Ministerio Público contra Ibáñez.
La acusación refiere que pidió la contratación de Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Éver Isaac Falcón Valenzuela, para prestar servicios en Diputados.
Fue así que los tres fueron contratados en agosto de 2013 para prestar servicios, en carácter de auxiliar administrativo. Los servicios no se prestaron.
Esto se desprende de este párrafo de la acusación que refiere textualmente: “José María Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas más arriba, quienes supuestamente estaban a su cargo, pero, según la información obtenida durante la investigación, a través de varias diligencias, se ha corroborado que estas personas trabajaban como caseros en su casa quinta ubicada en Itauguá” (siempre se publicó que fue en Areguá).
Cita el caso de Favio Gómez, cuya presencia en la Cámara Baja fue certificada por Ibáñez desde agosto a noviembre.
Sin embargo, los registros telefónicos dan cuenta de que Gómez estuvo en Itauguá durante ese tiempo.
El perjuicio al Estado es de G. 30 millones. La expectativa de pena es de hasta cinco años de cárcel, pero la ley permite que el acusado pueda evitar el juicio, mediante la suspensión del procedimiento.