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La bancada oficialista de la Junta Municipal de Asunción maniobra para evitar que se responsabilice al exasesor jurídico y actual contralor José Enrique García de la inacción contra la condena a pagar G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) a la firma verificadora de vehículos Ivesur, en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato.
Una comisión especial conformada por el ex fiscal general adjunto y actual concejal municipal por el Partido Democrático Progresista (PDP) Carlos Arregui, en un dictamen sobre el caso, señala a García como responsable del enorme perjuicio que se genera a la Comuna capitalina.
En el escrito califica de negligente la conducta procesal y la actuación del “entonces director de Asuntos Jurídicos, abogado Enrique García, en la tramitación del mandato que le fuera conferido por el Ejecutivo Municipal en lo que refiere a la impugnación” de la condena. El profesional tenía la posibilidad de solicitar ante la justicia ordinaria la nulidad de la condena, pero no lo hizo.
Al mismo tiempo, la comisión pide auditar el proceso, sin perjuicio a remitir los antecedentes a la Fiscalía.
Dictamen paralelo
La bancada oficialista, liderada por Federico Franco Troche (Juntos Podemos) elaboró un dictamen paralelo, en el que desaparece el nombre de García.
En el escrito solamente recomienda la realización de una auditoría externa del expediente judicial arbitral que se ha formado en consecuencia del supuesto incumplimiento contractual a los efectos de determinar las responsabilidades y adoptar las acciones que en derecho correspondan.
Al mismo tiempo pide disolver la comisión especial conformada para investigar el caso.
¿Ruptura en PDP?
Las conclusiones de la investigación del caso Ivesur, que encabezó Arregui, curiosamente no son acompañadas por su compañero de banca, Elvio Segovia.
Este, llamativamente, decidió el miércoles abandonar la sesión cuando se iba a decidir denunciar el caso ante la Fiscalía, y que con su voto pudo haber sido posible.