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La falta de información y el aparente poco interés demostrado por los propios afectados hacen dificultosa la investigación de un caso de robo de cajas de seguridad ocurrido ya el pasado domingo 13 de abril. La denuncia fue presentada por César Antonio Menchaca (50) y Rosana Morel Bordón (35), propietarios de la firma afectada, Maxton SA.
La fiscala encargada de la investigación, Marlene González, señaló ayer que menos de 10 de los afectados por la sustracción se han presentado hasta el momento, aunque aclaró que algunos viven en el exterior. Se negó además a revelar nombres de quienes presentaron denuncias, pero aseguró que una vez que se concluya la investigación todo se podría hacer público.
Algunas fuentes hablan que el golpe orillaría los dos millones de dólares, tanto en dinero en efectivo como en joyas y otros valores. Pero lo único concreto hasta ahora es que hay una denuncia de la desaparición de dos anillos de diamante y un reloj Rolex de oro puro.
La fiscala González dijo que una de las razones que dificultan el avance es la falta de datos.
Los ladrones se alzaron también con todas las computadoras instaladas en las oficinas, donde se guardaban datos de los propietarios de las cajas. También llevaron los equipos del circuito cerrado.
En abril del año pasado surgió una fuerte versión de que parte de los G. 46.000 millones cobrados en efectivo del Banco Nacional de Fomento por la venta irregular de las tierras de San Agustín al Indert fueron guardados en este lugar.
El supuesto negociado formó parte de un acuerdo político entre el PLRA, que impulsaba la candidatura de Efraín Alegre, y el Partido Unace del senador Jorge Oviedo Matto. Uno de los accionistas de la firma que ofertó la tierra al ente estatal era Lidio Oviedo Matto, padre del legislador.
El Indert libró el cheque a nombre del entonces síndico de Unace y contador de Oviedo Matto, Arnaldo Jara, y este efectivizó en el BNF.
Supuestamente, habría exigido efectivo, y tuvieron que juntar hasta monedas para completar la suma mencionada. Hasta ahora se desconoce el destino del dinero. Hace dos semanas, la fiscalía imputó a los presuntos responsables del negociado, entre ellos, el diputado liberal Milciades Duré y el expresidente del Indert Luis Ortigoza. “Quizás nunca se sepa qué es lo que contenían las cajas, porque es propiedad privada”, señaló ayer la fiscala González. Ni los propietarios de la empresa saben qué es lo que los clientes guardan en ellas, aseguró.