Millonaria estafa a nombre de los campesinos en el Crédito Agrícola

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), presidido por Amanda León, mediante una intervención hecha en las oficinas regionales de Pirapó, Alto Verá, Cecilio Báez y Yhú, constató un fraude que asciende a G. 2.500 millones, en perjuicio de la institución.

Los funcionarios utilizaron varios sistemas para retirar dinero de la entidad a nombre de terceros. Hay casos en los que personas que residen en otras ciudades se enteraron en forma fortuita que figuran como morosos en la institución, pero jamás retiraron créditos. En otros, hacían firmar papeles a campesinos para supuestamente acceder a “subsidio no reembolsable”, pero el dinero quedaba en manos del funcionario. Por ejemplo, el afectado firmaba por G. 10.000.000, pero se le entregaba G. 500.000. En otros casos, bajo engaño, asumían codeudorías y terminaban pagando millonarias sumas porque los titulares nunca devolvían el dinero. Las denuncias comenzaron a aparecer en el 2014.

Entre los casos más llamativos se encuentra el de los hermanos Huther Ladwing, René y Rolando, pobladores de la compañía Mbatoví, de Alto Verá, Itapúa, ambos prestatarios del CAH.

Los Huther Ladwing relataron que el hoy exdirector regional de la institución en la mencionada ciudad, Claudio Falcón, bajo engaño logró que juntos asumieran la codeudoría de 61 préstamos, totalizando la suma de G. 829.829.899. René Huther asumió la codeudoría de 27 prestatarios por un total de G. 343.569.899, mientras a nombre de Manuel Huther se sacaron 34 créditos por un total aproximado de G. 486.000.000. Los créditos estaban a nombre de los socios comerciales de los Huther, personas con quienes compartían el alquiler de tierras para el cultivo.

Los préstamos no fueron honrados y el CAH inició demandas judiciales para la recuperación del dinero. Esta situación obligó a la familia a vender sus bienes para pagar la deuda que ascendía a G. 951.000.000.

“Tuvimos muchos problemas que afectaron hasta a la familia. Nuestro padre tuvo que vender sus tierras para pagar la deuda y abandonó el país. Actualmente reside en la Argentina”, relató uno de los hermanos.

Octavio Javier Bordón Ramos, un capataz de estancia, oriundo de Pirapó, es otra persona que figura en una lista de morosos de la institución. En una nota enviada a la presidenta del CAH, Amanda León, Bordón Ramos relata que retiró G. 10.000.000 para una persona identificada como Rubén Aguinagalde, quien se encargó de gestionar el préstamo y le prometió saldar la deuda en el menor tiempo posible. Por servir de prestanombre, recibió la suma de G. 500.000. Aguinagalde jamás honró su deuda y Bordón Ramos se vio obligado a ver la forma de salir del problema.

También fueron detectados casos de falsificación de firmas para el retiro de dinero. Una de estas situaciones afecta a Vicente Mendieta Bertolo, quien en los papeles aparece como poblador del distrito de Alto Verá. Mendieta Bertolo, al enterarse de su supuesta condición de deudor del CAH, remitió una nota a la institución en la que señala que su firma fue falsificada. Negó poseer finca agrícola; y aclaró que reside en el barrio San Pedro de Encarnación.

En todas las oficinas se detectaron similares irregularidades. Muchos denunciantes aseguraron haber saldado su deuda, pero no pueden demostrar debido a que en la institución no se les entregó ningún comprobante, o solamente se les expidió recibos comunes. Los casos denunciados ante la fiscalía ocurrieron entre los años 2010 y 2013.

En la institución no descartan que existan más casos de los detectados hasta el momento. El Crédito Agrícola de Habilitación tiene 72 filiales en todo el país. Hasta ahora se intervinieron un total de cuatro oficinas y en todas ellas se hallaron irregularidades.

Piden un fiscal para investigar

La presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León, en una nota dirigida al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, pide designar un fiscal para investigar las denuncias de estafa contra la institución.

La funcionaria alega que ya existen casos en que los denunciados zafaron debido a que no se recogieron convenientemente todas las pruebas que posibiliten la presentación de una acusación. León prácticamente da por perdido el dinero de la institución, pero pide que no queden impunes quienes causaron el perjuicio.

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