ONG de empresario facturó silos y molinos, pero las obras no existen

La Fundación Nación Guaraní, perteneciente al empresario Ronald Guerrero, recibió del Indert G. 1.225.000.000 para construcción de silos y molinos en asentamientos de Caaguazú y Alto Paraná, pero las obras solo existen en las facturas emitidas por una empresa perteneciente al propio Guerrero. La irregularidad fue detectada mediante una intervención en el Fides.

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El Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo (Fides), dependiente del Indert, entregó, mediante simple emisión de cheques, más de 26.000 millones de guaraníes solo entre los años 2011-2013 a organizaciones privadas para concreción de obras o ayuda a comunidades campesinas.

Una de las organizaciones beneficiadas es la Fundación Nación Guaraní, presidida por el empresario Ronald Guerrero, que recibió G. 1.225.000.000 del Indert para la construcción de silos, molinos y entrega de implementos agrícolas a pobladores de asentamientos de Alto Paraná y Caaguazú.

Sin embargo, mediante una verificación realizada por el Indert en el marco de una intervención realizada en el Fides se comprobó que las obras solo existen en los papeles.

Los interventores encontraron una factura emitida por la empresa 4B SRL, perteneciente a Guerrero por la “construcción y montaje de tres silos de almacenamiento de granos y tres molinos artesanales para caña de azúcar en los asentamientos Che Menda de Caaguazú y Limoy II de Alto Paraná.

Las obras no están. En Limoy II solo se pudo comprobar la existencia de un tinglado a medio terminar, abandonado en un yuyal.

Guerrero también facturó a su fundación, a través de otra empresa suya, Local SA, donde además de él está su esposa Flavia Cristina Rotela como propietaria.

Esta firma vendió a la Fundación Nación Guaraní herramientas menores, semillas y facturó por trabajos de consultoría y servicio técnico administrativo para la misma organización.

Mediante este esquema, Guerrero consiguió dinero del Indert, “compró” de sus firmas y “ofreció” trabajo de consultoría con su empresa.

El Indert no solo violaba disposiciones de la ley al librar cheques por multimillonarias sumas a particulares, sino también se desentendía de lo que se hacía con el dinero.

Las compras realizadas por las organizaciones no gubernamentales no pasan por ningún control; ni siquiera se someten a las exigencias de Contrataciones Públicas, entidad creada en nuestro país para supervisar las adquisiciones que realizan los organismos oficiales con el dinero público.

Guerrero Ovelar, a nombre de sus tres empresas –4B SRL, Local SA y Agromag– logró facturar no solo a su ONG, sino a varias otras, por un monto total de G. 9.386.092.760.

Los interventores del Indert no pudieron ubicar ninguna de las tres firmas, según los datos.

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