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El informe final de la CBI, conformada para investigar el asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada y su relación con la filtración del crimen organizado en el ámbito político y las instituciones del Estado, fue presentado ayer en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, con la firma de los seis legisladores que la integraron.
Una de las conclusiones más resaltantes del informe de 27 páginas es la recomendación al Ministerio Público de investigar con celeridad al gobernador Alfonso Noria Duarte, al que vinculan con una “asociación criminal” (involucrada con la mafia del narcotráfico) montada por él y otros actores políticos para su enriquecimiento ilícito.
El informe destaca que los numerosos bienes y el estilo de vida del gobernador no se condicen con sus ingresos. Señalan, además, que Noria construyó un equipo de testaferros y que realizó negocios dudosos con licitaciones del Estado, entre otras varias acusaciones.
Señala también el informe que la corrupción contamina a las fuerzas de la Policía Nacional y que existen numerosas falencias en los controles internos.
Asimismo, destacan la corrupción en el Poder Judicial y el desprestigio de la Corte Suprema, mencionando algunos casos y, en particular, los vínculos del exministro de la Corte Víctor Núñez con “amigos” en Ypejhú.
Sobre la dirigencia político-partidaria de la zona norte del país, la CBI destaca la poca voluntad de colaboración con el flagelo.
Congreso
Respecto a las responsabilidades del Congreso y el ámbito político en general, el informe de la CBI es escueto. Menciona que el narcotráfico se ha “inficionado” en ellos y que el Estado poco puede hacer. Recomienda al Congreso crear una comisión bicameral permanente contra el crimen organizado. Asimismo, señala que recibió poco respaldo financiero para su trabajo de parte de la Cámara de Diputados.