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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió ayer a oficiales superiores de la Policía Nacional.
La citación tenía como destinatario al comandante de la Policía, comisario Luis Carlos Rojas, quien alegó compromisos anteriores para no llegar hasta la Comisión de Derechos Humanos.
En representación de la comandancia asistieron los comisarios Luis Cantero Vázquez y Elizabeth Núñez de Ocampos.
La reunión fue presidida por la diputada Olga Ferreira, titular de dicha comisión parlamentaria.
La legisladora explicó que el objetivo del encuentro era conocer los motivos por los cuales la Policía Nacional no cumple mandatos judiciales relacionados con la colonia Banderita, lindante con la colonia Guahory.
La comunidad de Banderita se encuentra localizada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.
Parte de las colonias Banderita y Pindo’i se encuentran invadidas por campesinos.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compró tierras para reubicar a los invasores pero las legítimas propiedades privadas siguen ocupadas.
Según el Indert, en el sector no existe un problema social, “sino un problema político”, en alusión a movimientos de izquierda y la Iglesia Católica que sostienen la ocupación ilegal.
Órdenes de desalojo
La Policía Nacional recibió tres órdenes para desalojar a los invasores: el 23 de setiembre de 2014, firmada por el juez Hugo Becker; el 30 de diciembre de 2014, mandato de la jueza Julia Rosa Alonso, y 7 de setiembre de 2015, de la jueza Rocío González Morel.
La Policía Nacional recibió las notificaciones para dar cumplimiento, pero todas ellas fueron ignoradas.
El comisario Luis Cantero Vázquez explicó que no pudieron cumplir los mandatos judiciales por “sobrecarga de trabajo”.
Puso como ejemplo el asalto al local de Prosegur en Ciudad del Este y en este momento la movilización campesina en Asunción.
Pero aclaró que “realizamos las tareas de inteligencia y el desalojo se podrá llevar a cabo en un tiempo breve”.
Propiedades legítimas
Elmiro Seoler, propietario de 93 hectáreas, tiene ocupadas 45 hectáreas. Explicó en la reunión que “no puedo trabajar. Mi propiedad está destrozada y yo tengo título de propiedad que me entregó el mismo Indert”.
En términos similares comentó Just Elvino diciendo: “Soy propietario de 26 hectáreas, pero 13 están invadidas y no me dejan trabajar. También tengo título de propiedad del Indert”.
El mismo Indert reconoció que los títulos de propiedad de los colonos son legítimos, de allí la insistencia en mencionar que en Guahory el problema no es social sino político.
roque@abc.com.py