Presidente de Diputados pide por funcionaria del MAG procesada

En esta misma causa, otro funcionario del MAG, el Ing. Agr. Marcelo Fabián Alonso Aldama, prestó declaración indagatoria ante la agente fiscal penal Claudia Criscioni. Alonso fue titular de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar. Se le atribuye haber avalado y solicitado por nota la transferencia de 3.300.000.000 de guaraníes (tres mil trescientos millones de guaraníes) para la Fenaprofhp, de Silvio Riveros. El entonces ministro de Agricultura, Rody Godoy, dispuso el desembolso de la señalada suma el 8 de febrero de 2013. Fue, de acuerdo con la resolución respectiva, para apoyar la reactivación del proyecto de producción de papas.

La transferencia se hizo del rubro 874 “Aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro”.

En su declaración indagatoria, el ingeniero Alonso explicó que el manual operativo de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF) exige para los desembolsos los siguientes pasos: la secretaría de mesa de entrada de la DAAF se encarga de la recepción del pedido de apoyos; luego pasa para el visto bueno del director, va al departamento de informática para verificar si los beneficiarios están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), dependiente de la Dirección de Censos y Estadísticas del MAG; pasa al departamento de asesoría que juntamente con el departamento de transferencia realizan la revisión y análisis de los proyectos presentados.

Posteriormente pasa al departamento administrativo financiero, que es el encargado de la coordinación y administración de los recursos financieros de la DAAF, luego la dirección administrativa elabora el pedido de transferencia al ministro, con lo cual se pone a consideración de la superioridad.

Aprobada la resolución de transferencia, se elabora la erogación contable de subprograma, todo esto se envía con los documentos respaldatorios a la Dirección General de Administración y Finanzas para las respectivas obligaciones y solicitud de transferencia de recursos (STR), firmadas para el envío a Hacienda por la directora general y la giradora, luego el Ministerio de Hacienda envía una orden de transferencia (OT) al Banco Central del Paraguay, el cual transfiere a la cuenta de la entidad beneficiada.

Una vez transferido el desembolso, el departamento de Fiscalización de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF) es el encargado de planificar y realizar las verificaciones a campo “in situ” con actas de entrega, fotografías y firmados por los responsables de la organización, comités, fundaciones, ONG y otros.

Se firma un contrato de ejecución de apoyo en transferencias, el cual consta en el anexo del manual operativo de la DAAF, suscrito por el presidente y el tesorero de la entidad beneficiaria y director de la DAAF, que va anexado a la rendición de cuentas presentada por los beneficiarios a la DAAF, al departamento administrativo financiero.

Previa a la presentación de la rendición de cuentas se debe tener la mesa de entrada de presentación en la Contraloría, en la Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional. Presentados todos estos requisitos se envía a la Dirección General de Administración y Finanzas.

No se cumplieron los requisitos

En su declaración indagatoria ante la fiscala Claudia Criscioni, Fabián Alonso dijo que de haberse ejecutado el Manual Operativo por la DAAF. tendrían que cumplirse todos los requisitos mencionados y las rendiciones de cuentas se deberían haber presentado en la DAAF, dirigidas a su director, para que este, a su vez, remita vía Dirección General de Administración y Finanzas, a la dirección financiera, de la que depende el área de rendición de cuentas.

En este caso, en particular, la Dirección General de Administración y Finanzas ejecutó ese monto (3.300 millones de guaraníes).

Por tal motivo, el Ing. Alonso solicitó por nota, fechada el 25 de junio de 2013, copia de todos los antecedentes y rendiciones de cuentas de las transferencias realizadas por el monto de los 3.300 millones a la Dirección General de Administración y Finanzas, a cargo de Maristela Azuaga. La solicitud nunca fue contestada.

Pero hay más. El entonces ministro del MAG, Enzo Cardozo, por resolución del 2 de noviembre de 2012 crea una comisión “coordinadora para los trabajos de verificación”. Es acerca de las transferencias del rubro 874 “Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro” .

En esta comisión se incluyó al Ing. Alonso, pero nunca fue convocado como posiblemente a ninguno de los otros integrantes.

Con un manual de procedimientos que se incumple y una “comisión de verificación” que nada verifica –a juzgar por los hechos y la denuncia de uno de sus “miembros”–, queda probada, una vez más, que las resoluciones fueron hechas al solo efecto de servir como pantalla para que a su sombra se cometiese –como el caso Fenaprofhp– desmedidos actos de corrupción que solo sirvieron para enriquecer a algunos de sus directivos y empobrecer más aún a los pequeños agricultores.

La Dirección General de Finanzas, a cargo de Maristela Azuaga, al parecer servía –seguramente con otras dependencias incluso de mayor rango– para dar apoyo a la estructura montada con el solo fin de robar dinero al Estado.

Así se desprende de la copiosa documentación que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de la que ABC Color pudo investigar.

A estos documentos deben agregarse los testimonios de los productores víctimas del engaño de un supuesto interés para ayudarlos.

El titular de la Fenaprofhp, Silvio Riveros, y otros directivos se encuentran con prisión domiciliaria a la espera de hacer frente a la justicia.

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