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“La única forma de poner en orden la casa es congelando los sobresueldos que históricamente han tenido algunas personas y congelando los sobresueldos significa también la posibilidad de reducir algunas bonificaciones y gratificaciones”, afirmaba en 2014 el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta, al tiempo de asegurar que la implementación de la nueva matriz salarial permitiría la eliminación de los llamados “aguinaldos extra”.
De esta manera, Peralta salía al paso de los cuestionamientos que aseguraban que la implementación de la matriz no sería sino otra cosa que un aumento soslayado para una parte del funcionariado público. Además aseguraba que se trataba de un sinceramiento necesario de las remuneraciones de los funcionarios públicos o por lo menos una parte de ellos.
“Reconocemos que existe inequidad en el salario público y estamos trabajando para solucionar esta distorsión con un proceso con base en una nueva estructura salarial”, afirmó también en su momento el presidente de la República, Horacio Cartes, al momento de presentar el Presupuesto General 2015.
El entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas, indicó que el nuevo esquema reconocía todas las asignaciones extras que actualmente reciben los funcionarios en diversos conceptos junto con el salario y los unifica bajo el rótulo de sueldos.
Rojas había asegurado además que no se harían recortes en ninguna de las asignaciones, pero que ya no se permitirían pagos extras.
A pesar de todos esos anuncios, las gratificaciones continuaron existiendo y no fue sino hasta esta semana, luego de que la indignación ciudadana se desatara por la ampliación que el Poder Legislativo aprobó para restablecer gratificaciones de sus funcionarios, que desde el Poder Ejecutivo decidieron ordenar el cese del pago en ese concepto.
Finalmente, el tan anunciado sinceramiento de las remuneraciones nunca fue tal y permitió el aumento salarial para una parte del funcionariado público y al mismo tiempo el crecimiento del gasto en las gratificaciones, pues muchas de ellas son calculadas partiendo del salario básico que reciben los funcionarios.