Requieren a diputados desaforar a su colega

El grupo de la sociedad civil recuerda que el 20 de mayo –a cuatro días de cumplirse un año– el fiscal Luis Piñánez formuló imputación en contra del legislador por el supuesto hecho punible contra el ejercicio de funciones públicas, contra el patrimonio y contra la prueba documental. 

Resaltan que los artículos constitucionales referentes a la igualdad de las personas y las garantías son premisas fundamentales ante la inexistencia de fueros personales. Asimismo, mencionan que la Constitución Nacional habla de dos inmunidades para parlamentarios: la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. 

Cita el Art. 191 de la Constitución Nacional, segunda parte, que cuando se formase una causa contra un senador y un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de dos tercios resolverá si hace lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”, señala. 

Esther Roa, una de las líderes civiles, señala que los fueros le amparan al legislador por las opiniones y discursos que emita, desempeñando su mandato de legislador, pero que en ningún momento la Constitución contempla que a un legislador debe tener un trato diferente a un ciudadano con respecto a los delitos cometidos y que interpretar lo contrario sería un atentado contra el sentido común y el orden jurídico.