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En la sesión del miércoles 19 se presentarán los diputados que ejercen la función de fiscales acusadores, en representación de la Cámara. Son los colorados Ramón Romero Roa, Óscar Tuma y Bernardo Villalba; el liberal Eusebio Alvarenga y la independiente Olga Ferreira. Los legisladores argumentarán los motivos por los que acusan a Torreblanca por mal desempeño de funciones.
Según la acusación, la subcontralora y ahora contralora interina logró que su chofer, Hugo Javier Pereira, tuviera salario de auditor en la Contraloría General de la República. El funcionario percibía un sueldo de G. 5.000.000 y no tiene título académico.
Pereira también figura en la lista de funcionarios de la institución con jugosos pagos de horas extras. Según documentos, en el 2014, el funcionario cobró G. 35.836.650 en concepto de horas extras.
Además, dos funcionarias de la Contraloría eran trasladadas a diario hasta el domicilio particular de la subcontralora, ubicado en Lambaré, para realizar servicios domésticos. Las mujeres fueron identificadas como Mirian Bogado y Alicia Acevedo. Los vecinos aseguraron que una de ellas atendía a un familiar enfermo y la otra realizaba hasta las compras en el supermercado, de acuerdo a la acusación.
Secretaria “vip”
A Torreblanca le cuestionan también no haber denunciado los millonarios pagos indebidos en concepto de horas extras a la secretaria “vip” del contralor, Liz Paola Duarte. Esta funcionaria está imputada.
La defensa legal del excontralor Velázquez acusó a Torreblanca de generar los pagos indebidos porque supuestamente los manejaba en detalle, mientras que el contralor “solo firmaba el cheque por el global”.
El procedimiento
El martes 25 de agosto, a las 15:00, proseguirá el juicio político. En la sesión extra, el Senado escuchará a la defensa de Torreblanca.
El miércoles 26, a partir de las 15:00, se realizarán tres sesiones extras de una hora cada una.
En primer lugar valorarán las pruebas, luego las aceptarán y en la última sesión se procederá a un debate. Posteriormente se procederá a la votación nominal por el perdón o la destitución.
De un total de 45, se necesitan 30 votos para lograr la destitución.