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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuyo titular es Jaime Bestard (ANR, cartista), cumplió ayer el trámite de entregar a la Contraloría General de la República (CGR) la rendición de cuentas de los partidos políticos tras las elecciones del 22 de abril.
El paquete, recibido por el contralor Enrique García, consistió en 40 biblioratos con la rendición de 49 de las 61 fuerzas políticas que compitieron y ahora buscan “recuperar” el gasto “oficial” en campaña.
La Contraloría tendrá 60 días para estudiar los documentos y emitir un informe en que allanaría el camino de la transferencia monetaria o presentaría algunos casos de irregularidades. De ser así, la Justicia Electoral puede aplicar sanciones, como recortar los pagos a los partidos políticos.
Según cálculos preliminares, el subsidio electoral costaría al contribuyente un total de G. 67.415 millones, es decir, más de US$ 12 millones al cambio actual. Para ello se calculan G. 11.775 por cada voto en el Senado, Cámara de Diputados y Juntas Departamentales. La condición es que alcance un mínimo de votantes establecido.
Simulacro de cuentas
La rendición recibida por el TSJE y remitida a la Contraloría fue sumamente cuestionada al ser difundida el 15 de junio último.
En el caso de la ANR, el presidente Horacio Cartes no aparece como aportante pese a que el propio titular del Partido Colorado, el diputado Pedro Alliana, dijo que la disidencia usó la plata del Mandatario. El PLRA no da a conocer quiénes son los compradores de los “bonos partidarios”, lista de acreedores que suelen usar prestanombres.
“Entregamos las carpetas con un informe preliminar, de las 49 agrupaciones políticas que presentaron la documentación, veremos luego cuántas cobrarían el subsidio electoral, dependiendo del informe de auditoría”, manifestó ayer el Abg. César Rossel, director de Partidos Políticos del TSJE.
Aclaró que el pago no se realiza en forma inmediata. La institución electoral solicitará aclarar las inconsistencias a cada partido y luego se realizarán los desembolsos, dependiendo de la disposición de Hacienda.