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Así lo manifestaron técnicos jurídicos y especialistas políticos que respondieron la consulta de nuestro diario sobre las consecuencias de la aprobación de la presunta “donación” de la firma San Agustín SA por parte del Gobierno.
Estos sostienen que la figura de “donación”, aceptada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por intermedio de la Junta Asesora y de Control de Gestión, representa implícitamente un reconocimiento de que “no hay daño ni perjuicio patrimonial” para el Instituto.
Los términos
Según los términos de la aceptación, los miembros del Directorio de San Agustín SA “donan a favor del Indert el saldo existente a favor de su representada, por la venta de la Finca Nº 104 de Atyrá con Matrícula 4599/D04, cuyo monto asciende a la suma de G. 12.058.859.610”.
Seguidamente, y lo que es más grave, sostiene el acuerdo: “Que dicha donación, no significa reconocimiento de que haya habido sobre facturación del costo de los inmuebles, ni malversación de ninguna índole”, acompañando al efecto una tasación de una dependencia especializada del Ministerio Público. Con esto, la empresa privada rechaza que haya sobrefacturación, ni malversación en el sonado caso, lo cual tácitamente también es aceptado por el Indert, al aprobar la propuesta.
Recordemos que el negociado con las tierras de San Agustín SA fue un acuerdo político entre el Unace y el PLRA, días antes de las presidenciales del 2013. El monto ya abonado fue de G. 47.000 millones (más de US$ 10 millones).
Voluntad real
Para los especialistas, el término del acuerdo debía ser el de “remisión de la deuda” y no el de “donación”, ya que con la primera, no se afecta al juicio abierto en este caso en el que están imputados siete personas, que son: el diputado liberal Milciades Duré, el extitular del Indert Luis Ortigoza, el exadministrador de San Agustín SA Arnaldo Jara, además de Justo Gamarra, Martha Roa, Víctor Luis Blanco y Mario Echeverría. Con la aprobación de la “donación” se apunta a extinguir la causa, aseguraron.