Alegan pérdida para hacer negocio y piden US$ 33,5 millones

La pérdida de chance u oportunidad para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario de 200 millones de dólares en Asunción, actualmente en plena ejecución, motivó dos procesos judiciales por indemnización de daños y perjuicios que se tramitan actualmente en el Palacio de Justicia por un total de 33.500.000 dólares. El accionante ya promete acudir a tribunales internacionales contra el Estado paraguayo “si no se corrigen chicanas” que demoran la tramitación de los casos.

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Uno de los juicios se promovió hace dos años y en la misma el demandante reclama una indemnización de 27 millones de dólares porque, según afirma, por falta de cumplimiento de contrato perdió la oportunidad de implementar el proyecto “Los Manantiales” en un inmueble triangular situado sobre las avenidas Santa Teresa y Aviadores del Chaco. Este caso se lo conoce como “Arleck SA y otros c/ Juan Guillermo Talavera Gustale y otros s/indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

Según ese proceso, el vendedor no cumplió con su contrato y en vez de vender el inmueble por 50 millones de dólares, entregó a otra persona casi a la mitad de precio impidiendo el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

Con relación a ese juicio, la semana pasada se promovió una segunda demanda en la cual el accionante solicitó una indemnización de 6,5 millones de dólares. El expediente del caso se denomina “Arleck SA c/ Blue Towers Ventures Paraguay SA”, que rápidamente fue objeto de una apelación porque el juez Agustín Cáceres Volpe dispuso una medida contraria a las pretensiones del accionante, según fuentes.

De esa forma, un mismo demandante está solicitando el pago de 33.500.000 dólares en concepto de indemnizaciones por hechos que denomina falta de cumplimiento de contrato y pérdida de chance para desarrollar un proyecto urbanístico en Asunción.

Si bien el primer caso está dirigido contra los vendedores del inmueble que formó parte de las tratativas, el segundo pleito apunta contra el proyecto Blue Tower. Este plan se encuentra en plena etapa de ejecución y con una inversión de 200 millones de dólares en la misma propiedad en torno al cual se generaron los litigios, según los escritos que forman parte del expediente de nuevo caso.

Además del historial y antecedentes que forman parte del argumento utilizado para plantear la indemnización, en la segunda demanda se denunciaron numerosos “hechos nuevos” en favor de las pretensiones del demandante.

En ese tren de relatos, en el expediente judicial se presentó una declaración del presidente de Blue Towers Ventures Paraguay, el guatemalteco Mario López Estrada, quien en manifestaciones públicas habló de la astronómica inversión en el complejo, cuyas imágenes, en maqueta y estado actual de los trabajos, acompañan al presente artículo.

Las declaraciones públicas de López Estrada forman parte de “una confesión espontánea y pública que los actores (demandantes) fueron privados de su legítima chance de desarrollar el emprendimiento que todos han denominado Los Manantiales”, dice uno de los escritos en los cuales da cuenta de los “hechos nuevos”.

Este segundo caso promete convertirse en un “barómetro” de lo que puede ocurrir con relación a las pretensiones de Arleck SA, cuyos allegados ya anunciaron que acudirán a organismos internacionales si persisten lo que ellos llaman “denegación de justicia”.

Denuncia “chicana” y manejo “irregular”

En opinión de Theodore Stimson, abogado de la parte accionante, Arleck SA, en el expediente del juicio se registraron “chicanas” y demoras judiciales que impidieron el verdadero “acceso a la justicia”, un derecho consagrado en la Constitución Nacional, según enfatizó.

“Si no se rectifican las chicanas acudiremos a los tribunales internacionales”, manifestó Stimson al indicar que las instancias a ser recurridas son los organismos juzgadores sobre violaciones de derechos humanos.

Dijo que el expediente del caso tuvo un manejo bastante “irregular” que debe rectificarse o mejorar en segunda instancia, en donde con relación al caso se había registrado un incidente entre camaristas.

Entendió que en el primer caso, en el que se reclaman 27 millones de dólares en concepto de indemnizaciones, se dio un enorme retardo de justicia pues hace dos años se discute si se debe pagar o no tasas judiciales ante la instauración de una demanda indemnizatoria.

“Lo que nos preocupa es que no se puede esclarecer de que realmente decayó el plazo y que se tiene que decretar la rebeldía de los demandados”, manifestó.

“Hace dos años está en trámite (el juicio) y el Poder Judicial hoy afirma de que no se inició la demanda”, expresó en alusión a lo que dijo sobre el caso el camarista Eusebio Melgarejo Coronel.

“El juicio prácticamente no ha comenzado, porque todavía no se ha pagado la tasa judicial, sin cuyo requisito no puede contestarse la demanda”, había manifestado el magistrado Melgarejo Coronel en relación con el expediente “Arleck SA y otros c/ Juan Guillermo Talavera Gustale y otros s/indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

“No se puede invertir”

“Eso para la inversión es terrible”, expresó Timson al agregar que “si un inversor no puede ni siquiera tener acceso a la justicia, que es un derecho fundamental que está garantizado en la Constitución y tratados internacionales, entonces no se pueden hacer compromisos, no se puede invertir”.

Al explicar las razones del multimillonario reclamo, una de 27 millones de dólares y otro de 6,5 millones de la misma moneda, el abogado demandante dice que las acciones se promovieron por frustrarse proyectos a causa de incumplimiento de contratos.
“Lucro y daño moral”

“Al no poder llevar adelante el fideicomiso y el proyecto Los Manantiales, lo que reclamamos es el lucro y daño moral”, cuyos montos se proyectan de acuerdo a los documentos y convenios que no cumplieron los ahora demandados.

Al hablar de la segunda demanda vinculada al primer pleito, el profesional de derecho dijo que se realizaron “diligencias preparatorias” que sirvieron para demostrar la responsabilidad de los vendedores en el incumplimiento de contratos.

Al hablar sobre las intenciones de la parte demandante, nuestro interlocutor indica que espera resoluciones favorables a las pretensiones de sus mandantantes.

“Esperamos que se anule todo lo que se hizo en primera instancia en el sentido de suspender el plazo de contestación de la demanda”, expresó el abofado Stimson.

El caso debe archivarse, dice abogado

Para Eric Salum, abogado de los demandados por la empresa Arleck SA, firma que en dos juicios pide un total de 33,5 millones de dólares en concepto de indemnización, el reclamo de los accionantes no tiene razón de ser y el caso debe archivarse.

“Nosotros entendemos que el juicio debe estar archivado como se decidió en primera instancia en el 2012”, manifestó el profesional del derecho al referirse al caso que afecta a sus clientes.

En el primer caso, “se inicia una demanda que le denominan indemnización de daños y perjuicios pero contiene otras acciones como nulidad de acto jurídico, lesión y además indemnización”, manifiesta Alum.

Agrega que con la acción promovida por Arleck SA se “pretende un resarcimiento de una suma exhorbitante y absurda sobre un contrato incumplido”.

Sostiene que ante “cualquier acción que uno plantea en el Poder Judicial están establecidas las tasas judiciales”.

Al seguir afirmando que los demandantes no pagaron tasas judiciales para litigar, el profesional del derecho dice que esa situación “fue motivo de revisión por la Dirección de Tasas Judiciales del Poder Judicial, que entendió que había que pagar no solamente la Dirección de Tasas Judiciales sino que también debe ser objeto de revisión por la Dirección Administrativa y Financiera de la Corte Suprema de Justicia, por la discusión, por la duda que se generó”.
“125.000 dólares”

Afirmó que “la Dirección Administrativa de la Corte se ratificó en que había que liquidar las tasas y que las tasas a pagar eran 125.000 dólares por el valor reclamado”.

“No hay otra cosa en discusión, todas las cuestiones se están generando con la única intención de confundir y hacer ruido mediático”, entendió el profesional de derecho.

Insistió en que la discusión de este caso se circunscribe en el plazo para el pago de tasas judiciales porque, según afirmó, “pasaron los cinco días sin que se haya pagado la tasa judicial”.

Aprovechó la ocasión para manifestar que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 4ª Sala, en donde ahora se encuentra el expediente del caso, debe expedirse sobre si la parte demandante debe pagar o no tasas judiciales.

“Lo único que puede hacer la Cámara (de Apelaciones) en este caso es expedirse en sentido favorable a los demandados”, indicó.

“Esta es una demanda que evidentemente se hizo de una manera totalmente distorsionada ejerciendo abusivamente el derecho, la cuestión es muy clara y la Cámara solamente puede expedirse sobre una cuestión muy sencilla y sobre tres líneas que tiene el resuelve de la resolución recurrida”, expresó el abogado Alum.

Sostuvo que la demanda “no tiene asidero legal” y que “así lo hemos expresado en otra demanda que ellos han vuelto a iniciar sin ningún fundamento”.

Consideró que el caso “se mediatizó mucho” y que “no vale la pena individualizar a las partes afectadas por una cuestión de la privacidad y la reserva de sus derechos porque tenemos la obligación de preservar los nombres” de los clientes.

eruizdiaz@abc.com.py

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