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La Unidad Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, a cargo de Roig, imputó al intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, y a sus hermanos Wilson Acosta Marques y Vidal Yuner Acosta Marques, por la presunta comisión del hecho punible de fabricación y recolección de estupefacientes.
La ley antidrogas establece para este tipo de delitos una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 20 año de penitenciaría.
Asimismo, se solicitó al juzgado dictar la rebeldía de los mismos, de manera de interrumpir los plazos procesales y la posibilidad de una prescripción en el futuro.
La imputación se realiza en torno al hallazgo de un centro de acopio de estupefaciente, específicamente “marihuana”, en la propiedad de la familia Acosta.
De acuerdo a los datos oficiales, el pasado 22 de octubre último, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional intervinieron la Estancia Dos Fronteras, conocida también como Dos Naciones, en la zona de Cerro Guy, distrito de Ypejhú de Canindeyú.
En cuatro campamentos se hallaron 148 kilogramos de marihuana prensada distribuidos en 128 panes y 3.000 kilos de la droga en proceso de elaboración dentro de 120 bolsas arpilleras de 25 kilos cada una.
Asimismo, se encontraron cinco prensas de hierro, cinco gatos hidráulicos, una guillotina de hierro, tres garrafitas, dos fumigadoras, seis zarandas y un cazabobo de fabricación casera.
Durante la intervención se levantaron muestras de los elementos encontrados, y luego se procedió a la quema de la droga y destrucción del campamento.
La información fue proveída por la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía.
Detalles de la imputación en su contexto legal se desconocen debido a que el fiscal Roig se mostró evasivo con este tema, pese a la relevancia del tema y el interés nacional.
Es que a solo 1.500 metros de una de las entradas a la hacienda, los uniformados detectaron uno de los más importantes campamentos del grupo de narcos, donde fueron sorprendidos varios peones trabajando en el prensado de la droga. Los marihuaneros, sin embargo, pudieron escapar, pero dejaron abandonados todos sus enseres.
En el sitio se hallaron más de tres toneladas de marihuana, entre picada, prensada y semilla, por lo que se cree que “Neneco” Acosta Marques en ningún momento consideró la posibilidad de ordenar que se detuviera la producción de droga en su estancia, pese a que ya sabía que era buscado por el asesinato de Pablo.
Los investigadores también requisaron prensas hidráulicas y artesanales y quemaron todas las precarias instalaciones.
El operativo fue supervisado por el director de Inteligencia del Ministerio del Interior, Virginio Escobar; el director general de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, Miguel Urunaga, y el fiscal de Curuguaty, Néstor Cañete, titular de la causa abierta contra los hermanos Acosta Marques.
Podría perder todo
Los intervinientes explicaron que en caso de que se apruebe la ley que permite al Estado hacerse con todas las pertenencias de los narcos, la estancia allanada podría pasar a ser de dominio del Gobierno y, de este modo, el intendente Vilmar Acosta Marques perdería casi toda la fortuna que amasó con la producción de drogas.
Todo esto se produjo tras el atentado y las repetidas amenazas previas contra Pablo Medina, debido a las denuncias del corresponsal acerca de los nexos del intendente con el narcotráfico.
Solo después del crimen del comunicador, las autoridades comenzaron a actuar.
Lo que dice la ley
Art. 33.- El que sembrare, cultivare, cosechare o recolectare plantas que sirvan para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas y el que proporcionare dinero, inmueble, semilla o cualquier otro elemento para ello, será castigado con penitenciaría de diez a veinte años, debiendo destruirse la plantación o producción.
Art. 34.- El propietario, arrendatario, poseedor o quien por cualquier título ejerciere la tenencia de un inmueble, que encontrare en los vegetales que sirven para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas, tiene la obligación de denunciarlo de inmediato a la autoridad judicial o policial más cercana y de proceder a su destrucción, con la intervención de la Dirección Nacional de Narcóticos (DINAR). Fuente: Ley 1340/88.
ocaceres@abc.com.py