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El informe da cuenta de que 117 de los 189 internos del correccional de Itauguá han ingresado por primera vez a prisión. En esta nómina, llama la atención la prisión de personas procesadas por delitos que son sancionados con penas que no van más allá de dos años de prisión o multa, como exposición al peligro en el tránsito terrestre.
También hay numerosos jóvenes en prisión por hurto y robo, cuyas penas en casos leves no superan los cinco años de prisión y, por lo tanto, son pasibles de obtener medidas alternativas a la prisión.
De hecho, la legislación vigente no solamente limita la aplicación de sanción a menores a la pena máxima de 8 años, sino que además impone la obligación de hacer prevalecer las llamadas medidas provisorias y socioeducativas, que no son otra cosa que una libertad con restricciones.
Sin embargo, la realidad demuestra que en la práctica, estas reglas generales se han convertido en beneficio de unos pocos y según el poder económico del justiciable, se aplican a “rajatabla” o son olímpicamente ignoradas.
La indignación ciudadana ante esta desigualdad de la justicia queda de manifiesto en los comentarios posteados tras la publicación de los datos referentes al caso de los internos de Itauguá y también del caso Centenario, donde la constante interrogante es por qué los implicados en un caso tan grave siguen en libertad, mientras otros procesados por hechos más simples son enviados sin contemplaciones a prisión.
Clamor de una defensora
Entre los comentarios posteados se destaca el de la defensora pública Sandra Rodríguez, que por sus varios años de profesión, tiene amplio conocimiento del tema. Lejos de pretender “mantener las apariencias” con la postura conformista adoptada por muchos operadores de justicia, la defensora no tuvo empacho de llamar a las cosas por su nombre y decir a viva voz, lo que hace mucho se conoce en silencio.
“Vaya si sabremos los defensores públicos que los pobres e humildes no son medidos con la misma vara! la pura verdad es que la JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS y TAMPOCO ES PRONTA!. Se esperan años para que una resolución se confirme o se modifique y mientras “tem razão mais fica preso!”. Es bueno que se abra el debate sobre este tema y también sobre la necesidad de una reforma carcelaria, porque esa gente que es condenada o prevenida algún día tiene que salir y los efectos siguen siendo para la sociedad”, fue el comentario publicado por la defensora Rodríguez.
Más allá de la polémica, el mensaje que la ciudadanía dejó en las redes sociales debe servir para que el Poder Judicial pueda adecuar su actuación a la legislación vigente, de manera a superar los obstáculos y perjuicios que impiden medir a todos con la misma vara.