Intendente elude audiencia en que definen su prisión

Gustavo Amado Alfonzo Prieto fue imputado junto a otras ocho personas por la desaparición de G. 883.885.000, dinero que se intentó justificar con obras inexistentes y compras de camiones que jamás ingresaron a la Intendencia de Arroyos y Esteros.

Además del intendente, fueron incluidos en el proceso la hermana de este y exadministradora de al Municipalidad, Carmen Cristina Alfonzo Prieto; la secretaria general y pareja sentimental del jefe comunal, Lilian Fabiola Díaz Benegas; la actual administradora, María Luján Leite Sánchez, y los funcionarios Julia Teresa Agüero González, Omar Rodríguez Kunzle, Gustavo Amado Alfonzo Bello, Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti y Alejandro Magno Núñez Insfrán, supuesto contratista.

Durante su investigación, el fiscal José dos Santos se percató de que el jefe comunal, además de desviar la millonaria suma, intentó justificar las erogaciones con documentación fraguada. Es por este motivo que decidió imputar por los hechos punibles de lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Lo tragicómico es que con este último delito (producción mediata) el representante del Ministerio Público justifica el pedido de prisión preventiva de Alfonzo, algo que hasta ahora no se definió. Su objetivo era “alejarlo” de la intendencia y de testigos para no “inducirlos” y “destruir pruebas”.

Específicamente, Dos Santos refirió: “En el caso particular del señor Gustavo Alfonzo Prieto existe peligro de obstrucción, puesto que luego de iniciada la presente investigación ha presentado documentos con datos falsos. En ese sentido, presentó actas de recepción definitivas de obras con fechas antedatadas, conforme lo manifestó el arquitecto Pablo Segovia, quien fue obligado en el mes de agosto de 2014 a firmar las actas con fechas del mes de marzo del mismo año.

Por lo antedicho, se desprende que existe peligro de que el señor Gustavo Alfonzo Prieto influya en coimputados y testigos para informar falsamente o destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba”.

Para los demás imputados hay pedido de medidas. La más importante es la prohibición de ingresar al predio y a las dependencias administrativas de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyos y Esteros de los demás imputados. También se solicitó la prohibición de comunicarse entre los coimputados, prohibición de salir del país, comparecencia mensual y fianzas personales y reales.

Jueza de feria ni se inmutó

Pese a la justificada solicitud, la jueza de feria de Caacupé, Aidée Pereira, no citó al jefe comunal y señaló recién para el 6 de febrero la audiencia de imposición de medidas, ya que en esa fecha volvió el titular de la causa, Paublino Escobar.

A su regreso, y a pedido del Ministerio Público, Escobar ordenó el embargo de bienes y de cuentas del intendente. Además, lo inhibió para vender y grabar bienes. Esto último también alcanzó a los demás imputados.

De esta forma, el magistrado libró oficios a la Dirección General de los Registros Públicos y a la Superintendencia General de Bancos. En ellos se indicó la prohibición que tienen los procesados para vender y adquirir bienes, como medida cautelar.

Los imputados y los embargos respectivos son estos: Gustavo Alfonzo Prieto, G. 883.885.000; Cristina Alfonzo, G. 650.500.000; Lilian Fabiola Díaz, G. 593.500.000; Gustavo Alfonzo Bello, G. 62.000.000; María Luján Leite, G. 390.885.000; Julia Teresa Agüero, G. 233.385.000; Omar Rodríguez G. 138.385.000; Ramón Enciso Ingolotti, G. 90.000.000, y el contratista Alejandro Magno Núñez, G. 623.885.000.

Con siete abogados

El pasado viernes, fue suspendida por segunda ocasión la audiencia de medidas de Gustavo Alfonzo Prieto, quien es defendido por siete abogados.

Los defensores Hugo López y Emilce Ruiz Díaz argumentaron que tienen un juicio oral en Ciudad del Este, por lo que no podrían asistir.

Sin embargo, quedó en evidencia la artimaña debido a que el jefe comunal tiene otros cinco abogados que podían haberlo representarlo en la audiencia. Ellos son Felipe López, Aida Romero, Arnaldo Caje, Antonio Leiva y Johana Marecos.

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