“Oparei” denuncias contra “fiscales y jueces magnates”

A principios de octubre del año pasado, cinco fiscales de Delitos Económicos informaron haber solicitado la designación de peritos tasadores para avaluar lujosas mansiones de “jueces y agentes magnates” del Ministerio Público de Ciudad del Este, que fueron denunciados por enriquecimiento ilícito por directivos del Colegio de Abogados del Alto Paraná.

Los fiscales hicieron la promesa de investigación después de que el gremio de abogados de la capital de Alto Paraná revelara que magistrados y fiscales de la Sexta Circunscripción Judicial son dueños de residencias cinematográficas, que únicamente se podrían adquirir ahorrando multimillonarios salarios durante cuarenta años.

Según la denuncia de entonces, el todavía juez de aquella época, Cantalicio Ávalos, contaba con vivienda hollywoodense valorada en más de un millón de dólares.

Entre los denunciados también estuvo Wilfrido Velázquez, quien figura como propietario de una mansión valuada en 850.000 dólares (alrededor de G. 3.774 millones), situado en el exclusivo condominio Paraná Country Club, de acuerdo a la denuncia. Según los análisis contables preliminares, Velázquez necesitaba percibir 247 salarios para comprar esa residencia, teniendo en cuenta que su sueldo de juez era de G. 15.243.750.

De la denuncia también formaron parte las fiscalas Arminda Rivas, Carolina Rosa Gadea, María Graciela Vera Colmán, la jueza Norma Gamarra y el juez Manuel Trinidad Colmán, algunas de cuyas gigantescas lujosas mansiones pueden apreciarse en las fotografías que acompañan este artículo.

Aquellas revelaciones sirvieron para que miembros de la Corte Suprema de Justicia y exponentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados expresaran su “indignación” para después formular rimbombantes anuncios de instrucciones de sendos sumarios y el inicio de investigaciones de todo tipo, cuyos resultados se desconocen a la fecha.

Tras reiterados cuestionamientos formulados a través de la prensa, el Consejo de la Magistratura dejó fuera de sus respectivas ternas a Cantalicio Ávalos y Wilfrido Velázquez, considerados los “magistrados magnates”. A su vez, Trinidad Colmán decidió renunciar ante su inminente destitución por el Jurado.

Sin embargo, hasta ahora y se desconoce lo que pasó con las prometidas pesquisas y sumarios ordenados por la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Entre tanto, seguidores de las actividades de estos fiscales y jueces denunciados coinciden en afirmar que no se debe considerar como una simple coincidencia que los “magistrados/das magnates” cumplan funciones en territorio fronterizo, en donde el contrabando de mercaderías diversas y el tráfico de drogas forman parte de la actividad cotidiana.

Según las estadísticas del Poder Judicial, entre los años 2011 y 2012, un total de 189 narcotraficantes recibieron medidas sustitutivas de la prisión preventiva, o sea libertad inmediata. Para la concesión de estos beneficios se debe contar con el beneplácito de fiscales y jueces, recuerdan los abogados penalistas.

Con relación al escándalo de las mansiones, el fiscal coordinador de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández, había revelado que junto a sus colegas Luis Piñánez, Claudia Criscioni, Liliana Alcaraz y Aldo Cantero, solicitó la designación de peritos para investigar el origen de los bienes de los denunciados.

De esa forma, la fiscala Criscioni fue designada para investigar el patrimonio de su colega Carolina Rosa Gadea, al tiempo que Luis Piñánez tuvo por misión investigar los bienes de Wilfrido Velázquez y Norma Gamarra.

A su vez, el fiscal Fernández se comprometió a investigar el origen del patrimonio de Manuel Trinidad y Cantalicio Ávalos.

El fiscal Aldo Cantero fue designado para investigar a la fiscala María Graciela Vera Colmán. Ante una consulta realizada la semana pasada, Cantero reveló que la fiscala Vera Colmán fue desvinculada del caso.

“Está de reunión”

La fiscala Liliana Alcaraz llevó a su oficina los antecedentes de los bienes de su colega Arminda Rivas así como el historial de bienes de la fiscala Nilda Cáceres.

A fin de conocer el avance de las investigaciones, visitamos la semana anterior a la fiscala Liliana Alcaraz.

“La fiscala está de reunión con gente de la facultad, pero puede esperar”, dijo el miércoles 20 de agosto un asistente de Alcaraz tras presentarnos ante la oficina de la mencionada representante del Ministerio Público. “Ya no le podrá atender, le espera mañana (jueves 21 de agosto) a partir de las nueve y media o diez”, volvió al asistente después de una hora y media de espera.

“Puede esperar, está de reunión”, expresó el jueves 21 otra asistente de la misma fiscala después de la correspondiente identificación y pedido de entrevista con la agente. “Está de reunión, pero no sé si quiere esperar porque va a tardar”, dijo la ayudante después de anunciar a su jefa que teníamos intención de formularle una consulta.

Como se aprecia, la citada representante del Ministerio Público no mostró interés alguno en dialogar con nosotros o revelar detalles de interés público sobre investigaciones relacionadas a hechos de corrupción.

eruizdiaz@abc.com.py