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En uno de los casos se aplicó la máxima pena. El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Christian González (presidente), Christian Bernal y Sonia Villalba condenó a 30 años de cárcel al oficial 2º de Policía Carlos Miguel Velázquez Torres (27), tras ser encontrado culpable del asesinato de Blanca Benita Duarte (35), ocurrido el 6 de junio de 2013 en la compañía Costa Guazú de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.
Su cómplice, el también uniformado Humberto Francisco González, fue condenado a 15 años de prisión.
Fue un caso de feminicidio en el cual la gravedad del hecho se acrecentó, debido a que la mujer, quien mantenía relaciones con el policía, estaba embarazada. Así sostuvo el fiscal Jorge Figueredo.
El agente hasta el último momento negó su implicancia. Sin embargo, lo desmintió su camarada González, quien contó con lujos de detalles lo ocurrido y de esa manera se salvó de una pena similar.
El oficial 1º Óscar Sosa Meira fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Es por haber agredido al estudiante de derecho Iván Recalde en un control de barrera realizado el 5 de enero del 2015.
El fallo fue el resultado del voto unánime del tribunal de sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Víctor Alfieri y Daniel Ferro.
De acuerdo a la acusación de la fiscala Liliana Zayas el joven estudiante de derecho Iván Recalde, quien se desplazaba en una camioneta 0 km adquirida en diciembre último, fue esposado, rociado con gas pimienta (lo cual le causó lesiones en el ojo izquierdo y en la piel) y detenido por horas por no contar con chapa, pese a que el fiscal Emilio Fuster ordenó su libertad.
Otro caso de comprobado exceso policial.
Es preocupante que la institución encargada de resguardar la seguridad del país siga contando en sus filas con este tipo de policías y nada se haga al respecto.
Es bueno aclarar que no se debe generalizar, porque no se tiene que incluir a todos los policías en una misma bolsa.
Hay agentes que son muy buenos y honran el uniforme, pero hay otros que hacen de la profesión una escuela del crimen.
En el caso de la condena a Velázquez es evidente que tenía un desequilibrio mental que lo volvió un criminal. Se trata de un policía que era el mejor de su remesa.
Si mató a su examante que encima estaba embarazada, ¿cómo se le puede confiar la seguridad?
En el caso de Sosa estamos ante una típica situación de apriete, muy común en las zonas de barrio Obrero, Tacumbú, etc. No olvidemos el caso Richar Pereira que quedó parapléjico.
Si Sosa actuaba así, con tanta prepotencia, es porque tenía protección de sus superiores. Probablemente de no haber mediado el camarista José Agustín Fernández, amigo de la familia, el hecho hubiera quedado en la impunidad.
Entonces cabe cuestionar por qué la Policía no puede establecer un perfil sicológico de sus agentes antes de lanzarlos a la calle de o de darles el uniforme.
También preguntarse ¿ para qué sirve la oficina de Asuntos Internos que ni se da por enterada de los casos de extorsión de los agentes?
En el 2014 el entonces ministro del Interior Carmelo Caballero hablaba de que tenían que pasar diez años para un cambio real en la Policía. Pero el proceso se debe apurar, no solo para recuperar la confianza de la gente sino para evitar más víctimas de la brutalidad policial.
Es menester que el mismo presidente de la República, Horacio Cartes; el encargado de despacho del Ministerio del Interior, Lorenzo Lezcano; y el comandante interino de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, inicien de inmediato este proceso, antes de lamentar nuevos hechos como los que ahora llegaron a un estado de sentencia.
ocaceres@abc.com.py