Proceso en niñez: Deben durar seis meses

El juez Ranjit Uppal, de la organización “Fortaleciendo Familias para la Niñez Abandonada”, del Reino Unido, visitó la semana pasada nuestro país a fin de dar charlas en seminarios para jueces, fiscales, defensores públicos y actuarios sobre medidas de protección, acogimiento y adopciones de niñez y adolescencia. Sostuvo que los procesos judiciales pueden culminar en seis meses. En esta entrevista nos habla sobre su trayectoria y la experiencia en su país.

Ranjit Uppal es abogado de la niñez, juez en lo civil y familia en Inglaterra, tiene 25 años de experiencia en procesos judiciales relacionados a la niñez, recientemente ganó el premio nacional del abogado del año, otorgada por la Asociación de Abogados Ingleses.

En el Reino Unido está trabajado con la ONG “Fortaleciendo Familias para la Niñez Abandonada”, institución que se encuentra trabajando con más de 30 países, ayuda a gobiernos y estados a mejorar sus sistemas para cuidar a niños para que puedan estar en familia en vez de un albergue o orfanato.

Ranjit manifestó que en Paraguay ya existe la política de que el bienestar del niño es primordial, por ello forma parte de las Naciones Unidas y al firmar el convenio a favor de los derechos del niño, artículo N° 20 de la convención que dice “ cada niño tiene el derecho de crecer y desarrollar en familia”, están trabajando en ello. “Por eso estamos tratando de apoyar esa ley con procedimientos y buenas prácticas, hemos estado trabajando con la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), actuarios, fiscales y jueces”, dijo.

En primer término explica el magistrado que un juez necesita primeramente, al judicializarse un caso, conseguir la mejor información de los testigos, vecinos, “por ello requiere que todos en el proceso hagan su trabajo para obtener la mejor información y ahí el juez tome la mejor decisión”.

En segundo lugar habla de ampliar las opciones que tiene un juez, que aparte de la institución o albergue, tenga acogimiento familiar, familia extendida o vuelva con la madre o el padre biológico. “Estas son la opciones que tiene el juez para tomar una decisión”, indica Uppal.

Como ejemplo menciona que si nosotros hoy tuviéramos un bebé, un hijo y algo sucedió, hoy cuenta con esas opciones, ¿pero el juez cómo tomará esa decisión?

¿Mientras dure el proceso judicial, uno, dos o tres años, dónde va a permanecer el niño/a?, ¿o una vez que termine el caso, el juez necesita opciones dónde va a vivir? Uppal explica que “la forma de mirar estas opciones que hemos mostrado es usando la lista de verificación del bienestar del niño que usamos en Inglaterra, lo que pido es que todos mañana lo hagan, tomen esta lista de siete, háganlo paraguayo y que funcione para la niñez paraguaya, que todos utilicemos la misma lista; Codeni, actuarios, defensor público, fiscalía, juez, y tomemos la mejor decisión”.

Muchos países tienen la lista de verificación parecida, quizás en Paraguay no sea siete, sea diez, pero deben realizarla, indica el juez Ranjit.

La lista que tienen los jueces en el Reino Unido en procesos de la niñez

1- Los sentimientos, emociones a la luz de la edad del niño y madurez, no es lo mismo escuchar a un joven de 16 años que a un niño de tres años, se analiza según su madurez y edad.

2- Las necesidades físicas y emocionales de los niños.

3- El daño significativo del niño o del daño sufrido.

4-La capacidad de la persona para atender estas necesidades, se miran las evaluaciones de los trabajadores sociales, qué tal están mamá, papá, tía o abuela.

5- El impacto del cambio de circunstancias, por ejemplo, mudarse de casa a vivir con la tía que vive a 200 kilómetros, un asunceno ahora va a vivir en Pilar, por ejemplo.

6- Edad, sexo y su historia.

7- En este último ítem el juez mira las opciones disponibles para el niño o adolescente, “miremos esto, nos ayuda a que el niño vuelva con mamá o mejor que vaya a acogimiento o adopción, con esto se mejora el proceso, explica el juez.

El juez Ranjit Uppal dice que en Inglaterra los casos anteriormente en los años 2010 y 2011 duraban dos años, “el gobierno dijo cuesta mucha plata, no es en el mayor interés del niño, la demora es dañina, por eso armaron un equipo para revisar todo el proceso y cómo mejorarlo; uno de los resultados del informe dijo que los casos no tienen que durar dos años, deben demorar máximo seis meses, sin embargo él y sus colegas dijeron que era de cumplimiento imposible, yo estuve en la mesa en el comité en Londrés y dije que era demasiado rápido, no vas a recibir los informes y las evaluaciones”.

Pero finalmente decidieron cambiar la ley, “tuvimos dos a tres años de proceso de transición y la ley tomó efecto en el 2014, los procesos para ese año para duraban seis meses, 26 semanas, pero los jueces reconocieron que no todos los casos podían terminar en seis meses, son casos muy excepcionales, por ejemplo, los de los refugiados, donde mamá está en otro país y papá en otro, en estos casos el juez puede extenderlo ocho semanas más, y eso puede hacerlo únicamente después de haberlo hablado con el juez superior; si llegan a las ocho semanas y todavía es muy complejo, tienen que pedir otra vez, los jueces se meten en graves problemas si no lo hacen, tenemos una tabla de procedimientos de cómo funciona esto, fue una solución y nos funcionó, menos tiempo en la corte , menos audiencias, nos ahorra plata, evita demora, el niño sabe antes y no espera una eternidad para saber dónde va a vivir” .

Al ser consultado qué es lo que más costó para lograr que los procesos duren seis meses, Uppal respondió con firmeza: “encontrar a los mejores profesionales para hacer las evaluaciones psicológicas, ellos necesitaban cuatro meses para hacer las programaciones; si algo sucedió hoy, hay que dar una decisión hoy, el niño podría ir en familia acogedora, durante el proceso judicial, quizás el niño siga en esa familia y al final de un caso la decisión final podría ser una familia acogedora, a lo largo del plazo, no estoy diciendo siquiera que acogimiento es mejor para cada niño, pero un juez tiene que ir por esa verificación y balancear cada opción , en algunos momentos es el mejor lugar para un niño, pero no en todos los casos, la mayoría tiene que estar en una familia, luego las instituciones o adopción”.

También refirió que un juez tiene la potestad de rechazar dicha información si está incompleta y agregó que normalmente los casos se retrasan “porque los fiscales, jueces, defensores del Pueblo y abogados están siempre muy ocupados por los muchos casos que tienen, entre otros motivos”.

Dijo que la responsabilidad de un juez es velar por los derechos del niño y el debido proceso.

Buenas prácticas La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, coordinará con la Corte Suprema cómo se llevarán a cabo las “buenas prácticas”. La recomendación a los jueces es que estos sepan utilizar a los profesionales como sicólogos, médicos, entre otros y que, sobre todo, cumplan con sus roles.

Cómo realizarlas Según la ministra Martínez se puede realizar “buenas prácticas” utilizando los recursos existentes. “Buscamos involucrar a todos para mejorar la vida de nuestros niños. Necesitamos del otro brazo de protección que es el jurisdiccional”,

Declarado de interés El seminario internacional fue declarado de interés institucional por el Ministerio de la Niñez, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría General. También contó con la participación del abogado Nigel Priestley, trabajador social, y de Daniel Hope, de la organización SFAC.

Deben unificar criterios

Al hablarnos sobre lo que dejó los seminarios realizados en nuestro país el juez Ranjit Uppal habló sobre los problemas que encontró. “No existe un criterio uniforme en los procesos de niñez, no hay una lista concreta, cada uno tiene más o menos en mente y muchas veces ni siquiera por escrito tiene lo que resolvió. Nadie me ha dicho hasta ahora ‘tenemos algo parecido’, si lo tienen no lo están usando, todos están tratando de tomar la decisión en el mayor interés del niño, aquí todos dicen ‘yo estoy tomando la decisión por el interés superior del niño’, después les pregunté ‘pero cómo tomaron esa decisión’ y todos tienen una respuesta distinta”. Sin embargo, el especialista en niñez menciona que el proceso debería tratar de ser igual en todos los casos; “en Asunción no puede resolverse de una forma y en Concepción de otra, es necesario unificar criterios”, concluye el magistrado.

Adopción llevó 12 años

Poniendo en contexto el tema que se trató en el seminario y el pedido de unificar criterios y hacer que los procesos sean más cortos, comentamos un caso en que finalmente tras 12 años la jueza de la niñez María Rosa González Sarubbi hizo lugar a la adopción de una niña de 13 años a un matrimonio. El caso se había dado a conocer en el diario ABC Color por los periodista Marcia Ferreira y Ariel Espinoza, aquí compartimos el calvario de esta pareja.

La niña nació en el 2005 y en menos de un mes fue derivada a un hogar donde la conoció la voluntaria que pretende su adopción. Los propios médicos del hospital en que nació dieron aviso a la justicia de que la niña estaba en peligro, pues la madre tenía problemas mentales y era muy agresiva, con lo cual se inició un proceso por medida de protección y apoyo. La jueza Rosa González otorgó la guarda de la niña a la voluntaria en diciembre del 2007, en un juicio sobre pérdida de la patria potestad y declaración de estado de adoptabilidad, que posteriormente acumuló al primero. En marzo del 2007 un informe final del Centro de Adopciones descartó la posibilidad de reintegrar a la niña a su madre o a su familia ampliada y recomendó priorizar su adopción.

En Paraguay existen alrededor 1.388 niños y adolescentes separados judicialmente de sus padres, por distintos motivos. Muchos de ellos están incluidos en el sistema de protección de cuidado alternativo y dentro del grupo denominado “de adopción prioritaria”. Según datos de la Dirección de Protección, existen 1.388 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de cuidado alternativo. Es en ese sentido y teniendo en cuenta el fin de protección integral del niño que se elaboró un reglamento para regularizar la modalidad de instituciones que en Paraguay son 57. El 8,8% de ellos brinda cuidado familiar; mientras que un 51% ofrece cuidado residencial, el otro 35% continúa trabajando con el modelo institucional y un 5,3%, se convierte en internados con fines educativos. Sin embargo, solo 54 de las 57 instituciones están activas para el cuidado .

perla.silguero@abc.com.py