Suman los policías imputados por el caso combustible

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción recuerdan en la presentación escrita que tras la denuncia realizada por el ministro del Interior Francisco de Vargas, se constituyeron y retiraron documento de Petropar, así como de la comandancia de la Policía Nacional.

“Según las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal y que nos fuera proveída por la Comandancia de la Policía Nacional, así como también por Petropar al momento de la realización de las constituciones en los citados entes, e inclusive con posterioridad a dichos actos procedimentales, así como lo que se desprende de declaraciones tomadas en esta Representación Fiscal, tenemos preliminarmente lo siguiente”, dice la primera parte de la imputación sobre este caso.

Seguidamente desarrolla el requerimiento fiscal sobre la implicancia de otro policía en el caso: “El suboficial Rosalino Benítez Martínez sin ser funcionario asignado a la Tesorería de la Comandancia de la Policía Nacional por supuestas órdenes del señor Roberto Osorio ayudó para que se complete el ilícito retirando 20 tarjetas libres con el monto de diez millones de guaraníes cada una, para posteriormente dirigirse a las distintas estaciones de servicio y en connivencia con los empleados de dichos establecimientos realizaron las extracciones de las tarjetas Petropar, quedándose aparentemente con montos de dinero ya que una vez que varios clientes iban comprando combustible en la estación de servicios, y se acumulaba el dinero en billete, ellos utilizaban las tarjetas para hacer coincidir dichas compras de combustible, como si quien las comprara fuera efectivos de las Policía Nacional, por tanto no existía faltante alguno, y el dinero en billete era apropiado por parte de los playeros y el hoy imputado, para su aparente distribución con los policías que se encuentran implicados en la presente investigación. Es importante señalar que se utilizaban las contraseñas de los playeros para el uso del post de las estaciones de servicio”, indica textualmente la imputación de los agentes del Ministerio Público.

Luego los fiscales le dan el enfoque jurídico a la imputación: “Esta representación, en base a los elementos fácticos señalados precedentemente, tendría la sospecha suficiente de la existencia de los presupuestos del siguiente hecho punible:

1. La conducta del señor Rosalino Benítez se adecuaría en los tipos de Estafa (Art. 187 inc 1°) en calidad de Cómplice (Art. 31 del C.P), Hurto Agravado (Art. 162 inc. 3 del CP) en calidad de Autor (Art. 29 inc. primero del C.P).

Los otros imputados por el caso de los combustibles

La fiscalía presentó cargos anteriormente para otros policías. Ellos son Lesión de confianza que incluye al excomandante Francisco Alvarenga y al exdirector administrativo Carlos Jara; estafa y producción de documento no auténticos (Roberto Osorio y Juan Mendoza); y enriquecimiento ilícito.

De todos ellos, el único que se encuentra recluido y en la Penitenciaría Nacional es el suboficial Osorio. El escándalo no solo derivó en el proceso del comandante de la Policía y otros cuatro agentes, sino el cambio de toda la cúpula.

El comisario general Críspulo Sotelo es el nuevo comandante de la Policía, en reemplazo de Alvarenga, quien pasó a pertenecer al cuadro de los retirados.

Dos patrulleras halladas en un taller

Una comitiva fiscal encabezada por el agente fiscal Aldo Cantero, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, allanó el pasado miércoles un tinglado situado en la cuidad de Capiatá, a dos cuadras de la Comisaría de Posta Ybycuá.

Lo llamativo fue que hallaron en ese lugar dos patrulleras de la Policía Nacional.

Dicha diligencia se realizó en el marco de un presunto desvío de más de mil millones de guaraníes, que debían ser destinados para provisión de combustible en la Policía Nacional.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Aldo Cantero. “Ingresamos al local, el cual presumimos que es un taller recientemente construido, con fosas para mantenimiento de vehículos. Está preparado para tener oficinas, que actualmente se encuentran vacías. Encontramos dos patrulleras de la Policía Nacional que serán incautadas en la fecha y trasladadas al Ministerio Público”, explicó Cantero.

Por otro lado, el agente anticorrupción sostuvo: “Vamos a determinar a quién pertenece esta propiedad mediante los informes de registro, tanto de la Municipalidad como del Registro Público”.

Tras la intervención, Cantero dispuso la incautación de las dos patrulleras descompuestas: el móvil 63-911 de la Comisaría 6ª de Itauguá y el móvil 240-Toro de la Comisaría 24ª de San Pedro. Ambos vehículos se encontraban bajo un tinglado, cuya construcción aparentemente es reciente, considerando que había un fuerte olor a materiales y pintura.

El cuidador del lugar, Flores Sanabria, solo pudo indicar al investigador que una tal “arquitecta Verónica” es la que lo contrató y que un “tal López” le pagaba por sus servicios a través de giros telefónicos

Además, refirió que no conocía al comisario Francisco Alvarenga, excomandante de la Policía Nacional.

De acuerdo a los datos manejados por el Ministerio Público, en el lugar se traían constantemente vehículos policiales. Eso fue corroborado con los moradores del lugar, quienes dijeron que los rodados solían ingresar al sitio.

Se sospecha que el negociado iba a consistir en reparaciones de patrulleras o en un desarmadero.

El enriquecimiento ilícito como derivación

Una derivación de caso es la investigación por enriquecimiento ilícito.

Hay tres imputados por este delito. El suboficial Roberto Osorio su esposa Ada Liz Da Rosa y Francisco Alvarenga Rotela, hijo del excomandante de la Policía Nacional.

El pasado viernes se presentó ante la fiscalía, la esposa de Osorio y brindó su versión sobre los cargos que se le imputan.

El fiscal Luis Piñánez explicó al concluir la audiencia que, “Ada Liz hizo uso de su derecho constitucional de prestar declaración indagatoria, teniendo la posibilidad de abstenerse”.

Añadió: “El Ministerio Público formuló ciertas preguntas que ella contestó, como por ejemplo que desconocía el hecho punible que se le atribuye. Detalló que posee dos rodados y otros dos inmuebles a su nombre, y resaltó que no tiene vinculación con los demás imputados en la causa”.

El representante del Ministerio Público agregó: “En cuanto a la ley especial que investiga el enriquecimiento ilícito, la norma dice que el autor de dicho hecho es el funcionario público a quien se investiga. Sin embargo, existen varios grados de participación. En este caso, a Da Rosa se le atribuye la complicidad en la comisión del hecho punible, es decir; la colaboración”.

Insisten en trasladar a suboficial a la Agrupación Especializada

El abogado Óscar Rotela, defensor del suboficial Roberto Osorio, apeló la decisión del juez Gustavo Amarilla, quien había ratificado que el uniformado siga en prisión en el penal de Tacumbú.

La defensa del suboficial mayor Roberto Osorio había solicitado el cambio de lugar de reclusión de su defendido alegando que recibía amenazas con el fin de que no diera los nombres de los involucrados en el millonario desvío en la Policía Nacional, sin embargo, el juez Gustavo Amarilla resolvió ratificar su prisión en el penal de Tacumbú.

El pasado viernes el abogado Óscar Rotela apeló la decisión y ahora el Tribunal de Apelaciones decidirá si el mismo es remitido o no a la Agrupación Especializada, según la solicitud.

Osorio fue detenido el pasado 15 de mayo en Ciudad del Este.

Al día siguiente el juez Hugo Sosa Pasmor dispuso que sea remitido a la Penitenciaría Nacional.

Tomó en cuenta que el enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel, lo que es calificado como crimen por la ley y no permite la medida sustitutiva a la prisión.

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