Vivir secuestrados por el miedo

31 de mayo de 2013. Como lo hacía todos los días, Luis Alberto Lindstron se levantó temprano y a bordo de su camioneta se dirigió a la estancia Paso Itá, en la localidad de Tacuatí Poty, departamento de San Pedro, propiedad de Marys Llorens, a reunirse con personal del lugar.

Lindstron viajaba solo, a pesar de haber permanecido varios meses secuestrado por el grupo criminal EPP, una banda que desde hace varios años opera en esa zona del país. Tal vez pensaba que el hecho de cumplir con las exigencias que sus captores le seguían haciendo incluso después de su liberación le podría permitir circular sin demasiados problemas.

Tras finalizar la conversación, alrededor de las 08:50, don Luis abandonó la estancia y tomó un camino vecinal con destino a la ciudad. Pasaron apenas algunos minutos hasta que un grupo de componentes del EPP fuertemente armados lo interceptaron y abrieron fuego contra su camioneta. En el lugar se encontraron posteriormente al menos 50 vainillas servidas de grueso calibre. Se apagaba así la vida de un hombre muy querido por la comunidad.

Han pasado más de dos años del día en que asesinaron a Luis Alberto Lindstron y el distrito de Tacuatí sigue siendo sacudido por la violencia del grupo criminal, que en una década ya ha cometido 51 asesinatos, siendo la mayoría de sus víctimas campesinos pobres, esos a los que ellos dicen defender. La última víctima del grupo criminal fue Silvio Barboza Deip, el subadministrador de la estancia Cororo, ubicada en las cercanías del cruce Tacuatí. De hecho, este distrito del departamento de San Pedro ha sido escenario de 12 asesinatos perpetrados por el EPP.

Aníbal Lindstron, hermano del asesinado Luis Alberto Lindstron, es uno de los pocos pobladores de la zona que se animan a hablar de la realidad, realidad que obligó a que él y su familia decidieran migrar hacia otros lugares tras el crimen del 31 de mayo de 2013. “Esto ya es el colmo. Hay que poner un basta. Demasiado pérdidas de vida ya tuvimos”, señala en conversación con ABC Color.

Don Aníbal relata haber tenido la oportunidad de conocer a Salvador. “Era una muy buena persona, todos le conocen en la zona, era muy trabajador”, acota para luego asegurar no cree que se haya tratado de algún tipo de ajuste de cuentas, versión que llegó a surgir desde la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el grupo conformado por militares, policías y antidrogas para luchar contra el EPP en la zona norte del país.

Lindstron describe a Tacuatí como una zona de gente trabajadora y honesta, por lo que le parece triste que un grupo de criminales tenga fuerza como para mantener en zozobra a toda la población. “Es imposible vivir así, en esta situación”, acota. No duda demasiado al momento de decir que es la misma gente de la zona la que ayuda al grupo criminal. Gente que durante años vivió en el olvido de las autoridades de turno, que como grandes logros anunciaban la entrega de tierras pero que no daban acompañamiento alguno ni mucho menos buscaban la presencia efectiva del Estado allí con instituciones realmente funcionales.

“Esta gente fueron a radicarse en ese lugar por la desidia de los gobiernos anteriores que les daban tierra a la gente pero no le daban asistencia para que puedan producir, para que puedan ganar el pan de cada día”, manifiesta don Aníbal. “Era gente que vivía en extrema pobreza, por la pobreza en la que vive la gente, cualquier cosa aceptan”, agrega. El grupo criminal llegó con el mensaje de la lucha por las reivindicaciones de los pobres y con amenazas a aquellos a los que el discurso populista no le fuera suficiente, así las cosas nadie se anima a negar la ayuda a la banda.

Según Lindstron, los secuestros exprés están a la orden del día en la zona y ya eran una cuestión habitual incluso antes del secuestro de su hermano Luis, en 2008. “La gente se calla, no denuncia, por temor”, asevera. Otra forma habitual de operar son los secuestros de costosas maquinarias y amenazas a los operarios, a los que obligan a que hagan llegar a los propietarios el mensaje de que están entre cinco o seis y quieren G. 10.000.000. Los ganaderos acceden para evitar daños mayores.

“Nosotros seguimos secuestrados por esa gente”, asevera don Aníbal. Y es que a pesar de que ya pasaron varios años desde el secuestro de su hermano, el grupo criminal le sigue enviando mensajes para reclamar víveres o cuestiones parecidas. “Siempre hay llamadas en la que te piden cosas, pero yo ya no le tengo más miedo porque ya le hemos perdido a nuestro hermano”, acota. “Si uno no paga su impuesto revolucionario, te van a perjudicar”, apostilla.

“Este grupo sigue intacto y sigue engordando, va sumando más gente, por culpa de la propia gente de la comunidad de esa zona y la desidia del estamento de la seguridad”, puntualiza. Desde su perspectiva, si Luis Lindstron fue asesinado fue porque era una molestia para las intenciones del grupo criminal de apropiarse de la zona, puesto que él se encargaba de dar trabajo a la gente del distrito. “Por eso le mataron a pesar de que cumplía siempre con ellos”, acota. “Que haya ya un basta, unámonos, pedimos encarecidamente a todas las comunidades del Norte que no le ayuden más a esta gente, que le den la espalda para terminar con ellos”, finalizó diciendo.

Por el momento, el grupo criminal ha acabado con más de medio centenar de víctimas, perpetró siete secuestros y mantiene en vilo a toda la zona norte del país, una situación que no parece estar cerca de cambiar.