Vecinos del penal de CDE, cansados de la insalubridad e inseguridad

Una vez más, los vecinos del barrio Boquerón de esta capital departamental recurrieron a una manifestación a fin de pedir el traslado de la Penitenciaría Regional hasta el distrito de Minga Guazú, donde fue construida una nueva sede. Además del peligro que representa el penal en una zona residencial, ahora los asedian aguas servidas que supuestamente provienen del reclusorio.

Felipe Faraone, uno de los vecinos del barrio, lamentó que las autoridades no cumplan sus promesas de agilizar el traslado. También lamentó que las instituciones se suplen unos a otros, pues desde la Gobernación de Alto Paraná afirman que el agua cloacal proviene del penal, sin embargo, desde la cárcel aseguran que proviene de la Dirección de Policía.

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Delito ambiental

“Independiente de donde venga esto es un delito penal y necesita una urgente solución porque esta pestilencia va a parar al lago de la República. Constituye un delito ambiental mayúsculo, no es poca cosa porque luego recibimos en nuestras casas esa agua cuyo tratamiento por parte de la Essap es dudoso”.

Dijo además que la ciudadanía es la que carga con todas estas situaciones insostenibles, pues además de la insalubridad deben soportar la inseguridad que conlleva tener un enorme penal con delincuentes de grandes facciones de la región en una zona residencial y comercial.

En tanto Delia Gamarra, quien reside desde hace más de 30 años en el barrio, recordó todas las vicisitudes que pasan desde hace varias décadas.

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“El penal está ubicado frente al colegio y cientos de menores de edad están bajo peligro latente. Hemos pasado de todo, susto, corrida, balaceras sin contar lo que sumó ahora el problema ambiental. Apenas empieza a llover y ya descargan su cloaca y se esparce por todo el barrio”, añadió.

Por su parte, Guillermo Rodríguez señaló que en ningún país del mundo se puede ver una cárcel instalada en un barrio histórico de la ciudad.

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“Este crimen ambiental se da todos los días. Es algo que debería involucrarnos a todos y se deberían intervenir, las instituciones deben tomar una determinación. Esto es vivir con un crimen ambiental y con un peligro inminente que nadie se merece”, destacó.

El penal de Ciudad del Este es una de las cárceles más superpobladas del país. Fue habilitado para 400 a 450 personas privadas de libertad, pero alberga casi el triple de su capacidad.

La nueva sede ya está culminada en el distrito de Minga Guazú pero todavía no cuenta con agua potable y desagüe cloacal, por lo que la mudanza está siendo retrasada desde hace varios meses.