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Por A.I. N° 83, del 25 de marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones -conformada por Marta Acosta, Mirian Meza y Juliana Giménez- confirmó la resolución de la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga por la cual se sobreseyó de forma definitiva a la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados.
Se trata del caso Frontera Producciones, nombre de una empresa que había sido contratada para desviar G. 3.700 millones de la Municipalidad esteña, en el período 2014-2018.
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En la práctica, el caso se había desglosado en dos partes, aunque se tramitaba en el mismo expediente. El Tribunal de Cuentas había aprobado la gestión de McLeod de Zacarías en los períodos 2014 y 2015, por lo que los magistrados judiciales en diferentes instancias consideraron este lapso como cosa juzgada y sobreseyeron a los acusados.
El proceso que sigue en curso guarda relación a los hechos ocurridos entre 2016 y 2018.
Además de McLeod, fueron sobreseídos definitivamente Cristhian David Espínola Osorio, Carlos Darío Bordón Bottino y Juan Domingo Sanabria Notario. También los hermanos Dora Elsi, Gustavo Adolfo, Lucía y Olga Beatriz Rojas Espínola.
Consideran extinto el proceso
Con respecto a los hechos de 2016 a 2018 atribuidos a McLeod de Zacarías y otros procesados, la jueza Garcete Urunaga había dictado inicialmente el sobreseimiento provisional de los acusados al sostener que quedaban diligencias de investigación pendientes.
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La Fiscalía -que pretendía el juzgamiento de los acusados- había recurrido al Tribunal de Apelaciones, que confirmó la resolución de la jueza Garcete el 12 de abril de 2021. El 30 de abril de 2021 sacó otra resolución aclaratoria ante un recurso planteado en ese sentido.
El 8 de febrero de 2023, la jueza Garcete Urunaga declaró extinto el proceso, al transcurrir el plazo de un año sin que el Ministerio Público solicite la reapertura del caso.
La fiscala Claudelina Corvalán recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la jueza no había descontado el tiempo en que se tramitó un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia, que emitió resolución el 8 de agosto de 2022.
Para la jueza el cómputo de un año para la reapertura de la causa empezó desde abril de 2021, mientras que para la fiscala se debía contar desde agosto de 2022. No obstante, la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de la magistrada Garcete Urunaga. La Fiscalía tiene aún la opción de recurrir a la Corte Suprema.
Senador apuntado como instigador
En la causa también había sido procesado el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), quien fungía de “asesor ad honorem” durante la administración de su esposa McLeod.
Según la Fiscalía, el senador Zacarías habría instigado para el desvío de G. 3.700 millones de los fondos previstos para publicidad institucional. El dinero era destinado para pagos a periodistas afines y para campaña proselitistas de candidatos cartistas en las elecciones de 2017. Aunque, posteriormente Zacarías logró desvincularse del caso.