CIDH expresa preocupación por linchamientos en Argentina

WASHINGTON. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por los recientes episodios de linchamientos ocurridos en Argentina, con agresiones de vecinos a personas acusadas de robo y que han dejado al menos un muerto.

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La CIDH, no obstante, reconoció en un comunicado como algo “positivo” que las autoridades argentinas hayan condenado los hechos y asegurado que se juzgará a las personas que resulten responsables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

“David Moreira, de 18 años de edad, murió a causa de los golpes propinados por un grupo de personas en un barrio de Rosario, en la Provincia de Santa Fe, luego de que presuntamente intentara robarle la cartera a una mujer”, denunció la Comisión.

“Asimismo, se reportaron agresiones en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Rosario, Santiago del Estero y Santa Fe, contra personas a quienes se acusó de robo, resultando en heridas graves ” , agregó.

El organismo reiteró que estos hechos “son un problema tanto de justicia como de seguridad ciudadana” y subrayó que “es responsabilidad del Estado, a sus distintos niveles de gobierno, adoptar las medidas necesarias para que los organismos del Estado puedan afrontarlo y solucionarlo”.

“Asimismo, la Comisión Interamericana valora positivamente el anuncio de autoridades del Estado de que el asesinato y los otros casos de agresiones van a ser investigados y sus responsables castigados”, añadió.

La CIDH instó además a Argentina a adoptar una política integral de prevención de estas agresiones a fin de lograr su erradicación.

“Es de especial preocupación de la Comisión el hecho que en algunos de estos casos las víctimas fueron adolescentes (...) y resulta preocupante la percepción hacia los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores sociales tradicionalmente excluidos, como un potencial peligro para la seguridad ciudadana”, apunta la nota.

Por ello, la comisión concluyó urgiendo al Estado argentino, en sus distintos órdenes, “a fortalecer las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los y las jóvenes”.

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