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El proyecto de ley habría impedido que las autoridades locales cumplieran con peticiones federales de detención, que pueden conducir a procesos de deportación, de inmigrantes ilegales a menos que esas personas fueran acusadas o condenadas por un delito grave o violento.
Los partidarios dijeron que la medida habría servido como contrapunto de lo que dicen es una discriminación racial inherente contenida en una ley de Arizona que arremete contra la inmigración ilegal.