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Nueva Caledonia, archipiélago francés desde 1853, a 18.000 kilómetros de París, fue escenario de 1984 a 1988 de una insurrección de independentistas canacos que causó más de 70 muertos. En mayo de 1988 se llegó a un paroxismo de violencia con una toma de rehenes y el asalto de la gruta de Uvea que se saldó con 19 militantes canacos y seis militares muertos.
Los acuerdos de Matignon de junio de 1988 abrieron un período de reconciliación y de emancipación del territorio basado en un reequilibrio económico y geográfico y en un poder político compartido entre el pueblo canaco y los caldoches (población blanca). Se consolidó 10 años más tarde en el Acuerdo de Numea que prevé un referéndum a más tardar dentro de 20 años.
Los votantes deben responder sí o no a la pregunta: “¿Quiere que Nueva Caledonia acceda a la plena soberanía y se convierta en independiente?”. Una fórmula hallada en marzo pasado al cabo de 15 horas de reunión entre las fuerzas políticas de Nueva Caledonia y el primer ministro Edouard Philippe.
El acuerdo de Numea limita el censo electoral para el referéndum: 174.154 votantes de Nueva Caledonia, considerados los más “concernidos” en un territorio marcado por una fuerte inmigración de paso (funcionarios por unos años, etc.) , decidirán si mantienen o no al archipiélago en el seno de la República.
En las elecciones presidenciales, legislativas y municipales son un total de 210.105 votantes. Para votar hay que justificar una residencia continuada en Nueva Caledonia desde al menos el 31 de diciembre de 1994. El cuerpo electoral es un tema delicado porque los independentistas canacos acusan a Francia de haber “ahogado” en el pasado su reivindicación mediante una “inmigración masiva” .
Todas las partes acordaron la inscripción de oficio para el referéndum de los nativos (tanto los canacos como los que no lo son) que hasta ahora nunca figuraron en listas electorales. Solo el Partido Laborista (independentistas radicales) , que llamó a no votar, denuncia la composición de esta lista para la consulta popular. Como Caledonia figura en la lista de la ONU de países por descolonizar, varios observadores de esta organización vigilarán el referéndum. También habrá 250 “delegados” enviados por el Estado.
Todos los sondeos anuncian una victoria clara del no, con un porcentaje comprendido entre 63 y 75% de los votos. Si se impone el sí, Nueva Caledonia se convertirá en un Estado soberano, como ocurrió con Yibuti en 1977 y con Vanuatu en 1980. Esta independencia se traduciría en el traspaso de competencias (seguridad, orden público, moneda, justicia) y el acceso a “un estatus internacional de plena responsabilidad” , explicó Matignon. Las transferencias financieras del Estado francés (1.300 millones de euros por año) “quedarán caducas”.
“La nueva organización de los poderes públicos que resultan del acceso a la independencia no se hará efectiva, sin embargo, al día siguiente del referéndum” y Francia “no se retirará brutalmente”. Habrá “un periodo de transición”.
Nueva Caledonia seguirá siendo una colectividad francesa. La población conservará la nacionalidad y la ciudadanía francesa y europea y el Estado francés seguirá ejerciendo competencias. Las elecciones provinciales (para renovar el congreso de Nueva Caledonia) se celebrarán como está previsto, en mayo de 2019.
Al final de estos comicios, si un tercio de los miembros del congreso lo pide, se celebrará un segundo referéndum dentro de 18 meses. Si vuelve a imponerse el “no”, todavía podría haber un tercero. Muchos partidarios de seguir en la República francesa quieren que la consulta del domingo sea la última en caso de una victoria aplastante del no.