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Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, formularon imputación contra María Lorena de Barros Barreto Pérez, de 48 años de edad, Diego Di Stefano Mónaco, paraguayo de 58 años de edad, y José Ramón Bogado Cardozo, paraguayo de 47 años de edad, quien en su momento era secretario privado de Juan Ernesto Villamayor.
El caso se remonta al periodo en que Juan Ernesto Villamayor aún era ministro del Interior, y la imputación refiere que estas tres personas armaron un esquema de complicidad para pedir una coima de US$ 2 millones a Darío Messer, a través de sus abogados, bajo la promesa de que si entregaba ese dinero, podrían defender su caso dentro del país, entre otros privilegios que, se supone, “se le garantizarían”.
La fiscal Liliana Alcaraz señaló que el hecho punible por el que se imputa a Lorena de Barros Barreto, José Bogado –entonces secretario privado de Juan Ernesto Villamayor– y Diego Di Stefano está tipificado como tráfico de influencias.
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Se comprobó existencia de comunicaciones
Por otro lado, la investigadora confirmó que existió comunicación telefónica entre una de las personas imputadas y la abogada Leticia Bóbeda, quien ejerce la defensa del doleiro Darío Messer.
La fiscal Liliana Alcaraz explicó que esta imputación comenzó de oficio luego de que una comitiva fiscal que fue designada para participar en reuniones con representantes de la Fiscalía de Brasil presentara un informe.
Estas reuniones entre Fiscalías de Paraguay y Brasil se dieron como consecuencia de la detención de Messer, por lo que los de la Fiscalía de Brasil habían hecho una comunicación pública del contenido de las evidencias que hallaron tras la detención de Darío Messer (concretamente el celular del empresario).
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Querían aprovecharse de poder de abogados
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez designó un equipo de trabajo conformado por los mencionados fiscales, que llevaron adelante varias diligencias. De estos elementos colectados surgió que tres personas solicitaron sumas de dinero a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóbeda, quienes durante la investigación de Messer aquí en Paraguay presentaron una carta poder a la Fiscalía, pues eran representantes de la defensa.
Estos abogados recibieron pedidos de dinero a cambio de obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para que se garantice a Messer la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran hacer en el ejercicio de su defensa.
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Dinero a cambio de “respuestas favorables”
Así, siempre según la imputación, se solicitó una suma de US$ 2 millones, que supuestamente sería destinada a miembros de la Corte y al Ministro del Interior, en ese entonces Juan Ernesto Villamayor, pues los ahora imputados aseguraban tener influencias en estos estamentos de poder.
El pedido de dinero fue materializado en varias reuniones personales llevadas a cabo entre abril y mayo del año 2019. En ese periodo se comunicaban por teléfono y por Whatsapp la señora Lorena de Barros y la abogada Leticia Bóbeda, sostuvo la fiscal Alcaraz.
La existencia de estas reuniones se descubrieron al revisar la Fiscalía brasileña las evidencias contenidas en el celular de Darío Messer.
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No hay elementos contra Juan Ernesto Villamayor
La investigadora dijo que Juan Ernesto Villamayor está desvinculado de la investigación, pues objetivamente no existen elementos para sostener que él conocía de este pedido.
“Si bien quien trafica influencia invoca tener influencia en una persona que solicitaría eventualmente dinero, nosotros no tenemos méritos para iniciar proceso contra Villamayor, ni tampoco contra los ministros de la Corte, al menos hasta el momento”, señaló Alcaraz.
Participación del secretario de Villamayor
En cuanto a José Bogado, uno de los imputados y quien era secretario privado de Villamayor, la fiscal comentó que este participó de una reunión personal que se llevó a cabo en un hotel. De acuerdo al relato de la imputación, en este hotel se aguardaba al ministro, quien no apareció, por lo que el señor Bogado dijo que lo iría a buscar, pero Villamayor nunca llegó.
Indagatoria y medidas
A partir de la formulación de la imputación, el Ministerio Público solicita medidas para los procesados.
El marco penal para el delito de tráfico de influencia es de entre tres y cinco años de pena privativa de libertad.