Proceso por violación de cuarentena: acusación “patética” y un “mamarracho”, dice empresario

“Si estás acusando de un hecho tenés que explicar cuál es el delito (…) Imagínense a cuántos les han de hacer. Este no es un estado de derecho. Nos dijeron: ‘Estamos abiertos a criterios de oportunidad’. Nada de eso, dijimos que vamos a un juicio”, manifestó Grassi en conversación con ABC este miércoles.

Ayer, el juez Julián López hizo lugar al pedido del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz y aceptó elevar el caso a juicio oral por supuesta violación de la cuarentena al organizar una caravana contra la corrupción y la impunidad, luego de que salieran a luz graves negociados mientras la ciudadanía hacía un esfuerzo enorme por quedarse en sus casas y hasta cerrar sus negocios para no propagar el virus.

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“El juez Julián López tenía que aceptar y rechazar la acusación. Esto es un mamarracho. Pero si él hacía eso iba a hacer un mamarracho, se le caía todo el sistema al Gobierno. Ellos necesitan una ley para acusar, este es un ejemplo claro. Somos los únicos que les dijimos: ‘No nos van a correr a ningún lado’”, añadió el empresario, quien detalló que sigue adelante con el proceso porque quiere demostrar cómo la cuarentena sirvió solo para que los policías coimeen en los controles.

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“Gente fue pelada en las barreras policiales, se les sacó G. 50.000, G. 100.000 en cada barrera, para eso sirvió esa cuarentena. Tenemos que exigir que los jueces y fiscales se comporten a la altura”, finalizó, al tiempo de criticar al magistrado López, de quien dijo que no pudo argumentar la acusación en su contra e hizo una exposición “de un estudiante de primer año de derecho”.

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En este caso, los acusados habían presentado una acción de inconstitucionalidad, que aún no se resolvió. En la misma se argumenta que las determinaciones de la cuarentena solo se ordenaron por decreto y no por una ley. “Creemos que este juicio es inconstitucional. El delito tipificado por el fiscal no existe porque la cuarentena en nuestro país legalmente está dada solo para plantas y animales, no para humanos. El fiscal insiste en que esto es un delito contra el medio ambiente, por eso toma la Ley N° 716”, manifestó la abogada Raquel Talavera, una de las que defienden a los procesados junto con la abogada Rosa Vacchetta.

Los tres procesados se exponen a entre tres y cinco años de cárcel. Las abogadas indicaron que si los magistrados llegan a dictar prisión, recurrirán a instancias internacionales por la coerción de las libertades constitucionalmente garantizadas.