Conflicto de tierra en Puerto Casado enfrenta a obispos

Las empresas Atenil Paraguay y Victoria S.A. son administradoras de más de 400.000 hectáreas de tierra pertenecientes a los herederos del fallecido reverendo Moon. Los pobladores agrupados en la Comisión Protierra hace más de 20 años llevan adelante la lucha para acceder a un pedazo de tierra en el lugar donde dicen que viven hace más de 80 años.

Recientemente, la presidenta del Indert, Gail Gina González, decidió revocar por medio de una resolución la colonización de hecho de las 35.000 ha a favor de los pobladores, disposición tomada por las anteriores autoridades del ente.

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La resolución Nº 1.712/2021 del Indert resolvió revocar en todos sus términos la resolución Nº 1.634/2020 de fecha 14 de agosto del mencionado año, por la cual se deja sin efecto la colonización de hecho, alegando informes de funcionarios de la institución que visitaron la zona y que mencionan que no pudieron encontrar ocupantes ni construcciones en las tierras en cuestión que recibieron como donaciones.

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Esta actitud generó un descontento entre los pobladores. Haciéndose eco de la preocupación, el Vicariato Apostólico del Chaco, encabezado por monseñor Gabriel Escobar y el clero, emitió un comunicado rechazando la disposición del Indert, “que de nuevo pone en zozobra al pueblo casadeño, que lucha por un pedazo de tierra propia, que le corresponde desde todo punto de vista, pero que la angustia y el miedo parece que han permitido que acallen su voz, acabando en un grito de silencio”.

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Sigue diciendo la nota que los últimos acontecimientos protagonizados por el Indert deben ser calificados como una “grosería”, porque se decidió a espaldas de los lugareños, sin consultas y unilateralmente, “al dejar sin efecto la colonización de hecho, por lo que los religiosos manifestamos nuestro total repudio”, sostiene el documento.

Repudian además el hecho de decir que una empresa extranjera, afincada hace unos 25 años en la zona supuestamente ha dado bienestar y trabajo a los casadeños, ya que en verdad lo que se puede constatar es la migración forzada de los pobladores empobrecidos, deambulando por el territorio nacional en busca de lugares donde puedan encontrar mejores condiciones de vida, representado en un trabajo digno y una mejor educación para sus hijos.

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Finalmente, el comunicado peticiona “a los tres poderes del Estado una respuesta conjunta conforme a derecho a este pueblo tan sufrido y manoseado por sus propios compatriotas, exigiendo la inmediata reposición de la colonización de hecho y luego comenzar el proceso de la legalización definitiva de esta tierras ocupadas por los pobladores”.

Versión del Comité de Iglesias

En contrapartida, el Comité de Iglesias, con Mons. Mario Melanio Medina, emitió otro comunicado de apoyo a lo resuelto por la titular del Indert, repudiando las acciones motivadas por intereses oscuros que conspiran contra la democracia y los fines legítimos del estado de derecho.

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Monseñor Medina señala que tiene la información de que detrás de la posesión de estas tierras están varios políticos de la zona que buscan quedarse con una fracción. Mencionó estar a favor de que los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria puedan acceder a un pedazo de tierra que por ley les corresponde.

Apoyó la decisión de la presidenta del Indert, que tuvo el coraje de evitar que personas ajenas a la reforma agraria puedan acceder a esas tierras, al tiempo de alentar a que se haga las cosas tal cual manda la ley y “que verdaderamente los compatriotas beneficiarios puedan legalizar sus tierras propias, pero no los políticos oportunistas”, dice el comunicado del obispo.