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La presentación radicada esta mañana en tribunales por Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, está basada en el interés en que se garantice el acceso a la información pública y la transparencia. La misma fue agregada al expediente actualmente a cargo de las magistradas Valentina Núñez, Antonia López de Gómez y Stella Maris Zárate.
La figura del “amicus curiae’' posibilita que personas ajenas a una disputa judicial u organizaciones no gubernamentales presenten opiniones escritas de interés público o con trascendencia social
Interés público
“El interés público está ligado a la trascendencia que tiene la transparencia y el acceso a la información como tema transversal que atraviesa todos los planos de la vida política, social y económica, constituyendo uno de los principios éticos de mayor relevancia para la convivencia y el orden social”, destaca la presentación.
En ese sentido, resalta que en el referido juicio se debaten valores esenciales para el ejercicio de la soberanía que tiene el pueblo en la República, así como también para la participación ciudadana en la construcción, gestión y monitoreo de las políticas públicas.
Contraloría confirmó deuda espuria
El debate judicial sobre la transparencia sobre los actos de los directivos paraguayos en la binacional en el marco del amparo de la SCP se da precisamente en momentos en que la Contraloría General de la República reveló la abierta violación al Tratado de la entidad binacional en la aplicación de sus tarifas. El informe final sobre la deuda de la Itaipú, confirmó que la cuenta espuria sube a US$ 4.193 millones, que se benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y al Paraguay.
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Los recurrentes destacan además, que la transparencia y el acceso a la información constituyen uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 16.10.2) y hace una reseña de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos que integran el derecho internacional que avalan la legitimidad de la petición.
Además de Ferrara, firman la presentación Susana Aldana (Decidamos), María Victoria Rivas (Centro de Estudios Judiciales), Juan Pablo Fernández (Sopacop), Daniel Vargas Telles (periodista) y los periodistas Susana Oviedo (Última Hora), Alcibiades González Delvalle (ABC), Juanki Lezcano (ABC), así como Antonio Pecci (actor, periodista y dirigente gremial), Eduardo Carrillo (activista social), entre otros.
Antecedentes del caso
El 12 de julio pasado, el juez en lo civil y comercial José Guillermo Trovato emplazó a la Itaipú Binacional a proveer datos sobre actas de Consejo de Administración, los votos y la posición de los consejeros en un plazo de 10 días. El magistrado tomó la decisión tras hacer lugar a un amparo presentado por Rubén Penayo y Beatriz Pompa, directivos de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), bajo patrocinio de los abogados Alejandro Manuel Vera Granado y Juan Domingo Granado.
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El magistrado fundamentó su decisión en las garantías previstas en el art. 28 de la Constitución Nacional (del derecho a informarse) y en la Ley 5.282/14 (Ley de acceso a la información pública y de transparencia gubernamental).
Los amparistas destacan que antes de recurrir al Poder Judicial, en abril pasado requirieron a la institución información pública en forma reiterada, sin éxito.
La información requerida por la SCP
La SCP pidió a la Itaipú Binacional informes sobre la cantidad de reuniones ordinarias y extraordinarias que el Consejo realizó, desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha. La posición de cada consejero paraguayo en esas reuniones, su voto y argumentos en función al voto emitido.
Penayo y Pompa requerían también la transmisión en vivo de las reuniones del Consejo y conferencia de prensa tras las reuniones del organismo.
El fallo llegó a instancias de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial a raíz de una apelación presentada por los abogados Óscar Bogado Rolón y Robert Santacruz Galeano, en representación de Itaipú.