OGD y su hijo deben ser condenados solo a un año de cárcel, según la defensa

El abogado Claudio Lovera terminó hoy la presentación de sus alegatos finales con relación al concejal de Luque por el Partido Colorado, Óscar Rubén González Chaves, y aseguró que en el presente juicio oral la fiscalia no logró probar ni el enriquecimiento ilícito ni el lavado de dinero atribuido a su defendido. En consecuencia, pidió la absolución de culpa y pena del acusado.

Respecto al pedido del Ministerio Público sobre el comiso especial de bienes de Óscar González Chaves, por la suma de G. 50.999 millones, la defensa aseguró que no corresponde porque el acusado no fue advertido de esa situación, ni en la acusación fiscal ni en el auto de apertura a juicio oral.

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El defensor Lovera refirió que en caso que el Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos considere que sus defendidos deben ser condenados, la sanción a ser aplicada debería ser de solo de un año de pena privativa de libertad como máximo.

Luego de la finalización de los alegatos finales de la defensa el tribunal integrado por los jueces Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera declaró un receso de 30 minutos y posteriormente los fiscales de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera presentaron la réplica y posteriormente el abogado Claudio Lovera planteó sus dúplicas.

“Sólo pido que se haga justicia” dijo Óscar Rubén González Chaves, cuando el Tribunal de Sentencia le dio la oportunidad de brindar unas palabras finales. El exsenador Óscar González Daher no quiso hacer uso de dicho derecho.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Sentencia se retiró la para deliberar su veredicto, en ésta que es la primera causa que le toca juzgar desde que fue integrado como tribunal especializado en delitos económicos.

Fiscalía pide 10 años de cárcel

En sus alegatos finales los agentes del Ministerio Público afirmaron que en el juicio oral quedó probado que padre e hijo se enriquecieron ilícitamente, que ambos crearon la empresa inmobiliaria “Príncipe Di Savoia” para lavar el dinero obtenido ilícitamente en la función pública y que no declararon la totalidad de sus bienes y cuentas bancarias en las declaraciones juradas que presentaron ante la Contraloría General de la República.

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En consecuencia solicitaron que OGD y su hijo sean condenados a 10 años de cárcel, además de una pena complementaria de 10 años de prohibición para ejercer cargos públicos y el comiso especial de bienes por la suma de G. 50.999 millones, en el caso de González Chaves; y de G. 5.826 millones en relación al expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.