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Los fiscales anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera ratificaron plenamente en sus alegatos finales en el juicio oral y público que el exsenador colorado cartista Óscar Alberto González Daher y su hijo el concejal de Luque Óscar Rubén González Chaves son responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La investigación del Ministerio Público abarca desde el 25 de septiembre de 2008 al 25 de septiembre de 2018, y los fiscales aseguraron en sus alegatos finales que se ha probado documentalmente, a través de testigos y pericias del Ministerio Público (y de la misma defensa), que González Daher y su hijo incurrieron en enriquecimiento ilícito y no declararon sus bienes ante la Contraloría General de la República, delito pasible de sanción penal.
No declararon como parte de sus patrimonios numerosos bienes así como ingresos casi diarios en sus cuentas bancarias en varias entidades. Casi G. 51.000 millones es lo que el acusado Rubén González Chaves no puede justificar como patrimonio obtenido por medios lícitos o con documentos. Tampoco puede demostrar cómo obtuvo US$ 82.000, desde el 2009 hasta el 2018, tiempo en el que se desempeñó como edil municipal de la ciudad de Luque por la ANR.
A González Daher el Ministerio Público le atribuye que no puede justificar como bienes conseguidos de forma lícita unos G. 5.826 millones. En total, el monto no justificado por ambos es superior a G. 57.000 millones.
Según la acusación fiscal, padre e hijo hacían lavar el dinero obtenido de forma ilegal a través de la firma Príncipe Di Savoia, una empresa de fachada que fue creada en el 2009 y que desde el inicio fue administrada por los citados González, pese a que en su conformación aparecen otros accionistas.
Respecto al delito de declaración falsa del que también se les acusa, la Fiscalía sostiene que los encausados presentaron declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República omitiendo cuentas en varias entidades bancarias así como inversiones en depósitos de ahorro y bienes muebles e inmuebles.
El Ministerio Público había presentado previamente el informe pericial contable complementario sobre los movimientos de las cuentas en dos entidades bancarias y que están a nombre del exsenador Óscar González Daher (cartista) y de su hijo Rubén, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
González Daher recibió una laxa condena en otro juicio, el que se refiere al caso de los audios filtrados que revelaron los manejos de la justicia a través de aprietes a jueces y fiscales desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual presidía. En audiencias previas, la contadora Nelly Colarte declaró que por problemas con la Seprelad, la inmobiliaria Príncipe Di Savoia no tenía cuenta corriente en alguna entidad bancaria. Según la acusación de la Fiscalía, dicha empresa fue creada por el clan González Daher para lavar el dinero obtenido de forma ilegal por el exsenador cartista.
También declaró el perito informático Mario Duarte Lovera, quien a pedido del Laboratorio Forense de la Fiscalía realizó copias de los discos duros de 6 computadoras y de 2 pendrives incautados en allanamientos de las oficinas de Príncipe Di Savoia y de los domicilios de ambos acusados.
Leve condena en caso audios
El acusado exsenador Óscar González Daher (cartista) recibió una laxa condena de dos años de prisión pero con suspensión de la pena, en diciembre de 2020, en el juicio de los audios filtrados que revelaban que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ponía de rodillas a algunos jueces y fiscales para beneficio personal o grupal.
Con presencia de un enviado de los EE.UU.
En la prosecución del juicio oral de los colorados González estuvo presente ayer la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, acompañada del asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Ambos siguieron atentamente los alegatos finales de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Estado, había calificado al acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista), así como al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y al procesado diputado y candidato a intendente de Ciudad del Este Ulises Quintana, ambos también de ANR, como “significativamente corruptos” debido a sus participaciones en hechos ilícitos. Pero esa declaración pública, que se oficializó a través de la Embajada de EE.UU. en Asunción, conlleva otro castigo que consiste en la prohibición de por vida de que los citados ingresen a aquel país del norte. Alcanza también a las respectivas familias de González Daher y de Díaz Verón.
Era la primera vez que paraguayos formaban parte de la lista a la que fueron agregadas apenas 40 personas en el 2019. Además, nunca antes el Gobierno de EE.UU. anunció los nombres de paraguayos que tenían la visa denegada sea cual fuese el motivo.
Poco después de un año de dicha declaración del Gobierno estadounidense, la justicia paraguaya le otorgó un manto de impunidad al exsenador cartista González Daher, con lo cual el Paraguay quedó muy mal parado internacionalmente. A dos años de la prohibición de entrada al país norteamericano y a la vergonzosa calificación dada al exlegislador, la justicia paraguaya afronta un nuevo examen en el juicio por enriquecimiento ilícito al que es sometido el cartista.
El último en sumarse a la vergonzosa lista fue el diputado cartista y actual candidato a la intendencia de Ciudad del Este, Ulises Quintana. “Durante su tiempo como diputado, el señor Quintana participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el Estado de Derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos de Paraguay”. Así dice el documento adelantado por Joe Salazar, encargado de Negocios de Estados Unidos de América en Paraguay.