Cierran ruta para exigir renuncia de Hugo Javier

La bancada liberal conformada por siete concejales departamentales convocaron a una manifestación pacífica frente a la Gobernación de Central en la ciudad de Areguá. Alegan que es insostenible que el administrador departamental siga en el cargo manejando los recursos de la institución y piden su renuncia para que se someta completamente a la justicia.

Como medida de protesta cierran de forma intermitente ruta que une Areguá con Capiatá, frente a la institución departamental. Agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera se encuentran en el lugar organizando el tráfico.

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Antecedentes

El gobernador Hugo Javier fue imputado junto a otras 14 personas el pasado 1 de noviembre, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, respecto a la ejecución de G. 6.382 millones, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para hacer frente a la crisis causada por la pandemia.

Los agentes que investigan el caso son Rodrigo Estigarribía, Francisco Cabrera y Luis Said, los mismos fueron recusados por uno de los imputados y de forma interina sigue con la pesquisa el fiscal Diego Arzamendia.

González, repartió el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. Así, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, imputado, recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud, dirigido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.

Todo el fondo fue emitido en cinco cheques avalados por Hugo Javier, que fueron cobrados en ventanilla del Banco Nacional de Fomento, por el tesorero del Consejo de Salud y también por el síndico de CIAP. La normativa dice que los recursos debían ser depositados en una cuenta bancaria correspondientes a las oenegés.

Otro hecho irregular que atañe al caso es que según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Consejo Regional de Salud no está reconocido por la cartera sanitaria. También la ONG CIAP no está habilitada de acuerdo a su estatuto social para hacer obras de infraestructura, sin embargo, su presidente Álvarez presentó facturas por construcción y mantenimiento de espacios públicos. Hugo Javier estaba en conocimiento de todos estos detalles.

El Ministerio Público, la Secretaría Nacional Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Contraloría General de la República, confirmaron las denuncias dejando al desnudo el despilfarro del fondo de emergencia.

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Nueva millonaria transferencia

La semana pasada la fiscal Natalia Fuster allanó dos viviendas en el marco de la investigación de una nueva transferencia hecha por la administración de Hugo Javier. Esta vez otorgó G. 5.185 millones, en un solo día, en septiembre de este año, a otra ONG llamada Asociación Tekove Servicios de Acción Social, presidido por Nicolás Rivas Bogado.

Esta organización volvió a transferir parte del recurso, G. 4.976 millones a DL Constructora de Noelia Rodas Maciel, quien afirmó que el dinero recibido será para realizar obras en la ciudad de Santa Elena del departamento de Cordillera.

Al respecto el concejal liberal Adrián Billy Vaesken, uno de los convocantes para la movilización de hoy, manifestó que quedaron gratamente sorprendidos con la rápida actuación del Ministerio Público ante las nuevas sospechas de corrupción.

A la vez, dijo que esperan que el pedido de intervención tenga luz verde hoy en la Cámara de Diputados y que la comisión especial quede conformada oficialmente para iniciar el proceso.

También insta a los ciudadanos de Central a sumarse a las movilizaciones futuras en repudio a la administración del gobernador Hugo Javier González.