Tras tensión con militares, inmobiliaria tomó posesión de su propiedad

Luis María Unger, titular de la inmobiliaria LMJ S.A., inscribió a su nombre la pista que el destacamento militar y aficionados a la aeronáutica de Villarrica habían instalado en parte del predio que la II División de Infantería reclama como propiedad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Ahora se llama aeródromo “Don Santiago Unger” y fue habilitado el 13 de diciembre último, de acuerdo a la constancia emitida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La empresa denunció a las autoridades militares de Villarrica, a empresarios y políticos guaireños, principalmente el senador imputado Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR, Añeteté) y el exministro Juan Ernesto Villamayor, por supuestamente utilizar la pista sin autorización de la Dinac para trasladar oro procedente de Paso Yobái.

“Los militares están siento utilizados por políticos corruptos como “Rodolfato” Friedmann y Juan Ernesto Villamayor. Ellos utilizan esta pista de forma indebida para aparentemente bajar oro, violando la ley de minería y posiblemente la Ley N° 1.340 (de drogas) y otras leyes subyacentes. Hoy la familia Unger se hace cargo de lo que siempre fue de ellos, su propiedad, y ahora vamos actuar contra los que fueron coautores, cómplices y encubridores, porque acá han bajado aviones que no sabemos quiénes venían o que se llevaban”, expresó el abogado de la firma, Federico Campos López Moreira.

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Superposición de títulos

La Dinac tomó intervención y clausuró la pista por considerarlo clandestina. No obstante, el problema principal era que la pista de unas 25 hectáreas operaba en la propiedad de LMJ S.A. y forma parte de unas tierras que están en litigio.

Es que la inmobiliaria tiene a su nombre poco más de 1.400 hectáreas que abarcan dos fincas en los distritos de Villarrica y Félix Pérez Cardozo, pero las autoridades castrenses locales sostienen que hay una superposición de títulos con al menos 300 hectáreas.

Precisamente, en el área en disputa se encuentra el aeropuerto y el campo comunal que usan los pobladores asentados también en esta propiedad privada desde hace ya varias décadas. Los lugareños negocian la transferencia de las tierras que ocupan, pero no hay acuerdo con la empresa privada sobre el campo comunal cedido a la comunidad por las FF.AA.

La empresa, que proyecta lotear parte de la zona en litigio, no puede ingresar por oposición de los militares y de los mismos pobladores. Según la denuncia de los abogados, la II División de Infantería se escuda en una medida cautelar de no innovar en el área de superposición de títulos y este fallo judicial se usa de excusa para impedir a la inmobiliaria tomar posesión de su inmueble.

Paralelamente, las Fuerzas Militares ya perdieron en las tres instancias judiciales, en un juicio sobre la retención de esta propiedad, disposición de la Justicia que no se cumple, según cuestionan desde la inmobiliaria.

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“Amedrentados” por militares

La inmobiliaria LMJ comenzó con los trabajos de fraccionamiento en otra área, no ocupada por los militares, pero el personal constantemente es amedrentado por los uniformados a cargo del comandante de la II División, el coronel Gustavo Arza. Varios militares fuertemente armados custodian el inmueble y prohíben el ingreso de los operarios de la firma privada.

Este sábado, representantes de LMJ mostraron el certificado de habilitación oficial y tomaron posesión de la pista privada. Anunciaron que podrá ser utilizada por civiles y militares, siempre con supervisión de la Dinac y de otras instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Finalmente, indicaron que esperan que esto sea el inicio para llegar a un acuerdo con la II División y los pobladores, sobre la posesión del inmueble a fin de que la inmobiliaria pueda llevar a cabo la urbanización que proyecta en el lugar.