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En la modificación del polémico proyecto de ley se establece que los varones desde los 18 años de edad necesitarán indistintamente de carnet o certificación del cumplimiento de la objeción de conciencia, pago de la contribución establecida en la ley, certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia.
Establece que necesariamente deberán contar con la documentación para: trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado Paraguayo, y concursos para el acceso a la función.
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También incluyen en la normativa que los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de la objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y la adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de la Nación de la Defensoría del Pueblo.
El anteproyecto elaborado por el recientemente reelecto y cuestionado defensor del Pueblo, Miguel Godoy, señala que el ciudadano paraguayo tiene la facultad de declararse objetor de conciencia con las obligaciones que están establecidas en la Ley 4013/10, que obliga a realizar trabajos comunitarios o pagar una contribución de G. 400.000 que a diferencia de las conocidas y clandestinas compras de bajas establecen pagos de hasta G. 3 millones.
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“La ley respeta el contenido social y un joven puede declararse insolvente y contar con el carnet de objeción de conciencia”, indicó Godoy, quien cuestiona que no se le pongan reglas a los jóvenes para que sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, la sociedad y con la patria.
La norma modifica el artículo 20 y 21 de la Ley N° 4013/20 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al SMO y establece el servicio sustitutivo”.