Condenan a funcionarios fiscales a 3 años de cárcel por tráfico de influencias

Dos funcionarios del Ministerio Público fueron condenados a tres años de cárcel por tráfico de influencias, en un juicio oral y público que concluyó hace instantes. La Fiscalía solicitó condena de 5 años de cárcel para ambos, que habían sido detenidos en el 2019 en un procedimiento realizado en San Antonio, tras una denuncia de un pedido de coima.

A la izq. el acusado Óscar Amarilla y en el otro extremo, la acusada Teresita Rey Saffi, en la sala de juicio oral con sus defensores.
A la izq. el acusado Óscar Amarilla y en el otro extremo, la acusada Teresita Rey Saffi, en la sala de juicio oral con sus defensores.Gustavo Machado

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El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por Cándida Fleitas, Yolanda Morel y Elsa García sentenció a los funcionarios fiscales Óscar David Amarilla Velázquez y Teresita Raquel Rey Saffi a tres años de pena privativa de libertad, tras declararlos culpables del delito de tráfico de infuencias.

El colegiado ratificó las medidas sustitutivas de prisión para ambos, por lo que sólo irán a la cárcel una vez que se confirme la sentencia.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económiso y Anticorrupción (UDEA), solicitó una condena de cinco años de cárcel para los acusados, que actualmente permanecen en funciones en distintas reparticiones del Ministerio Público.

Los ahora condenados fueron detenidos el 19 de noviembre del 2019 durante un allanamiento a la Unidad Fiscal de San Antonio, donde Óscar Amarilla se desempeñaba como secretario y Teresita Rey Saffi como asistente de la fiscala Laura Ávalos.

Denunciante afirmó que funcionarios fiscales pidieron G. 8 millones

El fiscal Corbeta, quien estuvo a cargo del operativo, explicó que la versión que recibieron es que en principio los funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de San Antonio exigieron la entrega de G. 8.000.000 para conseguir un criterio de oportunidad en el marco de la causa caratulada como “Eulogio Cardozo Dávalos sobre violencia familiar”.

Sin embargo, el procesado negoció con los funcionarios del Ministerio Público, que al final acordaron reducir sus pretensiones a la suma de G. 5.000.000 en efectivo, siempre de acuerdo con la denuncia que motivó la intervención fiscal.

Luego de esto, el imputado denunció el apriete efectuado por los asistentes de la fiscala Laura Ávalos, por lo que el agente Corbeta solicitó al juzgado especializado en delitos económicos de Agustín Delmás la intervención de la sede fiscal.

De esta forma se planificó una entrega vigilada con la fotocopia y autenticación de los billetes de G. 50.000 a ser entregados como coima para los funcionarios, que fue posteriormente recuperado del poder de Amarilla.

En su declaración ante el Tribunal, el denunciante Eulogio Cardozo relató el tremendo perjuicio que sufrió como consecuencia del “apriete”, pues trabajaba en una agencia de viajes y como no podía viajar a raíz del proceso penal, afrontó muchas dificultades económicas.

“Me parece una injusticia total”

“La verdad es que a mí me parece una injusticia total. Al inicio de la investigación yo me puse a disposición de la Fiscalía y vi muchas irregularidades”, expresó la asistente fiscal Rey Safi, quien afirmó que el denunciante mintió, y que el Tribunal no consideró el testimonio de la fiscala Ávalos ni de sus demás compañeros.

“Yo no tuve ningún tipo de participación en este hecho, no puedo referirme al dinero porque no tenía conocimiento sobre eso y me parece muy injusto y también inválido la forma en que el Tribunal manifiesta que hubo amenaza de mi parte y yo no tuve contacto con esta persona”, agregó la condenada, tras comentar que tiene 17 años de antiguedad en el Ministerio Público.

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