Gremio de abogados laboralistas pide a la Corte Suprema suprimir Secretaría de Admisibilidad

La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) expresó su preocupación por la excesiva demora en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, mediante una nota presentada a los ministros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

La presentación, firmada por Eduardo Pérez Avid, Jorge Darío Cristaldo y César Bernal, presidente, secretario director ejecutivo del Instituto Paraguayo de Derecho del Trabajo (I.P.D.T.) y secretario, en ese orden, sugiere la supresión de la Secretaría de Admisibilidad.

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El gremio destaca que además de que la citada dependencia es inconstitucionalidad desde su creación, no cumple la función asignada, pues en vez de solucionar los problemas, los agrava, “convirtiéndose en un embudo donde confluyen todas las acciones promovidas, sin que sean “estudiadas” con la celeridad y la eficacia requeridas, para “admitir” su estudio, considerando el grado de importancia social del caso”.

Pérez Avid resaltó que mientras hay acciones que llevan cuatro años en “admisibilidad”, otras recién presentadas son admitidas para su estudio.

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Hay acciones en estudio en la Corte Suprema de Justicia desde 2014

“Esta desprolijidad en el manejo de los expedientes es inadmisible”, senaló Pérez Avid, tras resaltar que la legislación vigente establece que un juicio laboral no debería durar más de 3 meses, pero hay acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución desde el 2014.

Para dar una solución al problema, previa disolución de la Secretaria de Admisibilidad, la AAL propone distribuir equitativamente los expedientes, reubicar al personal en los despachos de los ministros y dar prioridad a las acciones provenientes de los fueros de Niñez y Adolescencia, Laboral y de regulación de honorarios.

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El gremio también propone la elaboración de un formulario o modelo estandar para la presentación de acciones de inconstitucionalidad, donde el accionante precise la norma transgredida, la norma o resolución atacada por la vía de la inconstitucionalidad, justifique la lesión concreta que le ocasione la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria y mencione las razones jurídicas invocadas como fundamento de la acción planteada.

“Con este modelo se disminuirá la redacción de escritos de extensas páginas donde se citan y transcriben doctrina y jurisprudencia, centrándose específicamente al objeto de la acción, a fin de facilitar su estudio y resolución en tiempo y forma. Ejemplos de esta propuesta se pueden visualizar en los formularios de quejas ante la OIT”, indica la presentación.