La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 4 años de cárcel para el exdiputado y exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler, por cohecho pasivo agravado (coima), extorsión y tráfico de influencias.
Un total de 25 entes públicos presentaron acciones de inconstitucionalidad contra de la Ley de la Función Pública” y, de esa manera, evitan su aplicación. Estos casos se suman a las que se excluyen anualmente de esta ley y de la “Ley Godoy”, a través de la ley de presupuesto, para nombrar directamente a sus “nepobabies”.
El ex diputado de Alto Paraná, Carlos Portillo (PLRA), obtuvo el sobreseimiento definitivo en el caso del supuesto tráfico de influencias, al conseguir una resolución que declara la prescripción del proceso gracias a la mora judicial. El fallo fue dictado por el juzgado penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, a cargo de la jueza Cinthia Garcete Urunaga.
En el caso de la denuncia que pesa contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus exfuncionarios de Gobierno por “revelación de secretos y filtraciones”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, integrante de la Sala Penal, se inhibió del proceso. La defensa de uno de los imputados había solicitado que este miembro no integre esa dependencia judicial.
El abogado Robert Marcial González, representante legal de Kattya González, apuntó que “la pelota está en la cancha de la Corte” en referencia al caso de la exsenadora y la acción de inconstitucionalidad promovida tras su expulsión. A criterio del profesional, incluso “cada día se torna más fácil” el caso para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, devolvió a la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya Gonzpalez, solicitando “el control de constitucionalidad de la resolución N° 429/2023″, que fue dejada de lado para poder aprobar la expulsión. El asesor cartista Sergio Godoy sostuvo que los parlamentarios se apegaron a la Constitución para establecer la mayoría y que la resolución no puede estar por encima de la Carta Magna.