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La suspensión por un mes de 11 vendedoras en la playa municipal de Areguá llevó a la intervención de la Defensoría del Pueblo y la coordinadora regional del Ministerio de la Niñez y Adolescencia del departamento Central. Estos organismos buscan mediar en el conflicto que afecta no solo a las trabajadoras sino también a niños, niñas y personas con discapacidad, cuyas vidas dependen económicamente de vender sus productos en ese lugar.
El conflicto explotó a principios de enero cuando las vendedoras se manifestaron frente a la playa municipal, exigiendo a las autoridades una solución a la problemática de los puestos de venta. Rufina Barrientos, administradora de la playa, alegó que el grupo incumplió el contrato, debiendo ubicarse en sus casillas en la zona de estacionamiento, y las tildó de “personas conflictivas”.
Según las afectadas, el conflicto comenzó cuando realizaron mingas ambientales, buscando mejorar las condiciones de la playa y también espacio de trabajo. La falta de criterio en la imposición de normas provocó enfrentamientos con la administradora, quien exigió que vuelvan a las casillas incómodas y calurosas, según las vendedoras. En consecuencia, se sucedieron peleas y agresiones verbales con otras vendedoras y la administradora, incluso en presencia de turistas.
La coordinadora departamental por el Ministerio de la Niñez, Florentina Torres, mencionó que actuarán como mediadores comunitarios, destacando que también se vulneran los derechos de la niñez. “Buscaremos soluciones para restituir los derechos laborales y garantizar la calidad de vida de las familias afectadas. Agotaremos todas las instancias”, mencionó Torres.
Las afectadas solicitaron a la Defensoría del Pueblo recuperar sus puestos de trabajo, especialmente en plena temporada de verano. Por otro lado, las trabajadoras resaltan la falta de igualdad en las medidas impuestas y la injusticia en la aplicación de reglas solo para algunos vendedores y piden que sea cambiada la persona encargada de la administración de la playa.
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La familia Sánchez, con 50 años de tradición en paseos a caballo, también se vio afectada por la suspensión de esta actividad en la playa municipal durante al menos todo enero, solo por el hecho de apoyar la manifestación de sus compañeras.